Fiscalía imputó al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa por tráfico de influencias
La Fiscalía General de la Nación imputó al presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), Ricardo Roa Barragán, como presunto responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público.
Según los elementos materiales probatorios, Roa Barragán, en ejercicio de su cargo, en dos reuniones distintas realizadas entre agosto y septiembre de 2024, habría ordenado a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, filial de Ecopetrol, asignar a una firma vinculada al empresario Juan Guillermo Mancera, el proyecto de gasificación Chuchupa Ballenas que se realizaría en La Guajira.
En atención a esa directriz, en enero de 2025, el comité de nuevos proyectos de la filial recibió una propuesta comercial y aceptó establecer un memorando de negociación con la empresa del particular referenciado. Delegados de la compañía realizaron visitas técnicas y otros trámites, sin que finalmente se concretara el contrato por suspensión de la iniciativa.
La presunta intervención ilegal de Roa Barragán estaría relacionada con el posible interés que tenía en la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, el cual le vendió la persona a beneficiar con el proyecto de gasificación, a través de una inmobiliaria, por un costo menor al valor comercial, con posibilidad de pago en cuotas y sin intereses.
De acuerdo con la Fiscalía Roa compró el apartamento a un precio por debajo del valor de mercado en una operación en la que Mancera actuó como intermediario y garante del pago en cuotas y sin intereses. Ese beneficio previo sería la razón por la que el presidente de Ecopetrol habría intentado favorecer al empresario con un negocio relacionado con el proyecto energético que se analizaba dentro de Hocol.
El valor comercial del inmueble estaba calculado en $2.727 millones y Roa lo compró por $1.800 millones.
El presidente de Ecopetrol no aceptó el cargo que le formuló una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción y se declaró inocente. La Fiscalía tiene 30 días para definir si llama a juicio al funcionario. Con RSF