Retiran la solicitud de imputación contra el jefe de la UNP en el caso de Miguel Uribe
La Fiscalía colombiana retiró este lunes la solicitud de imputación que presentó horas antes contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por prevaricación por omisión en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.
El organismo detalló en un comunicado que cambió su decisión de imputarlo, anunciada este mismo lunes, porque la solicitud la realizó un fiscal de Administración Pública de Bogotá que no tenía competencia para hacerla.
«Luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato (prevaricación) por omisión contra el director», agregó la información.
La Fiscalía adoptó esta medida para evitar «futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado».
El objetivo es «fortalecer la línea investigativa por la posible desatención a los llamados de protección y de mejoras al esquema de seguridad del precandidato Uribe Turbay, así como para valorar los elementos materiales probatorios obtenidos hasta el momento, en aras de tener mayor contexto, unidad y una visión integral del caso».
Rodríguez, quien es director de la UNP desde que comenzó el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en agosto de 2022, es uno de los hombres más cercanos al mandatario y fue compañero suyo en la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19), desmovilizada en marzo de 1990.
La línea de investigación
Por el magnicidio de Uribe Turbay se ha detenido a nueve personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien el 27 de agosto recibió una sanción de siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.
El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.
Días después del atentado, perpetrado el 7 de junio del año pasado, el abogado de la familia Uribe Turbay demandó a Rodríguez por presuntas negligencias pues aseguró que se presentaron 23 solicitudes para reforzar la protección del senador, la última de ellas dos días antes del atentado, pero terminaron «ignoradas».
La Policía afirmó en diciembre pasado que su hipótesis más fuerte es que el crimen lo haya ordenado la Segunda Marquetalia, una disidencia de las extintas FARC liderada por alias Iván Márquez, quien fue jefe negociador de la guerrilla en los diálogos con el Gobierno que terminaron con la firma de un acuerdo de paz en 2016.
El senador Miguel Uribe era una de las cartas del Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), para las elecciones presidenciales de este año en las que la derecha buscará recuperar el poder tras el primer gobierno de izquierda del país. Con EFE