Las evidencias de las ex-Farc que hunden a Nicolás Maduro, su hijo, su esposa y sus socios
El inicio de 2026 fué castatrófico para el regimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos. El expediente, que reposa en el Distrito Sur de Nueva York, revela una compleja red de narcoterrorismo que no solo involucra al exmandatario, sino que extiende su sombra sobre su núcleo familiar y sus aliados más cercanos.
Según los documentos federales, la evidencia recolectada durante décadas apunta a que la cúpula del poder en Venezuela transformó las instituciones estatales en una plataforma logística para el tráfico transnacional de drogas, operando bajo la estructura conocida como el Cártel de los Soles.
Uno de los pilares más contundentes de la acusación es el rastro dejado por la alianza con las ex-FARC. La justicia estadounidense sostiene que Maduro y su círculo colaboraron estrechamente con líderes guerrilleros como Iván Márquez y el fallecido Jesús Santrich para inundar de cocaína el mercado estadounidense. Esta relación se describe en el expediente como una simbiosis criminal donde el régimen venezolano garantizaba territorios seguros, armas de guerra y el uso de aeropuertos para el despegue de narcoaviones, mientras que la guerrilla aseguraba el control fronterizo y la producción de los alcaloides.
Las pruebas incluyen testimonios de desertores, grabaciones de comunicaciones interceptadas y la confesión del exjefe de inteligencia Hugo «el Pollo» Carvajal, quien ha sido clave para desenredar el flujo de dinero y logística entre Caracas y los campamentos guerrilleros.
La acusación formal también pone en el centro del huracán a Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra. A la esposa del exmandatario se le señala de manejar una estructura de sobornos que permitía el libre tránsito de cargamentos ilícitos, además de ser pieza clave en el blanqueo de capitales para sostener el estilo de vida de la familia presidencial.
Por su parte, «Nicolasito» es vinculado con la red de minería ilegal de oro en el sur del país, cuyos dividendos habrían sido inyectados en el sistema financiero internacional a través de empresas fachada.
Finalmente, el expediente detalla el papel de los denominados alfiles, como Diosdado Cabello y el ministro Vladimir Padrino López. A Cabello se le acusa de ser el operador político que blindaba las transacciones del cártel, mientras que Padrino López habría puesto la capacidad aérea y naval del ejército al servicio del narcotráfico.
Con cargos que van desde conspiración narcoterrorista hasta el uso de dispositivos destructivos, el proceso que comienza en Brooklyn busca desmantelar lo que el Departamento de Justicia ha calificado como un «narcoestado» que utilizó el narcotráfico como un arma política y económica contra los Estados Unidos durante más de 25 años.