Incautan bienes de Emilio Tapia y otros implicados en «tumbe» de $70 mil millones al MinTic
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en el escándalo de corrupción del contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la Unión Temporal ‘Centros Poblados’, para dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos del país.
Las propiedades afectadas, que superan en valor los 65.900 millones de pesos, están representadas en predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios que pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares.
Los elementos materiales probatorios indican que los bienes ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas descubiertas en el proceso de contratación y del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal ‘Centros Poblados’.
De otra parte, en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, también se aplicó medida cautelar a un inmueble de la exministra de las Tic, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
Las medidas impuestas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio son de carácter exclusivamente jurídico, buscan proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en la ejecución del proyecto, que tenía como objetivo instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país. Se adoptaron con fundamento en las causales de equivalencia, mezcla y destinación, al establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados.
La investigación evidenció que fueron combinados bienes lícitos con recursos de origen ilícito, así como el uso de las sociedades que integraron la Unión Temporal ‘Centros Poblados’ como instrumento para la comisión de las irregularidades.
Emilio Tapia, cerebro, además, del carrusel de la contratación en Bogotá, fue dejado en libertad condicional el pasado 16 de diciembre por grcacia de la jueza primera de ejecución de penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, argumentando que el cuestionado contratista había cumplido 90 meses y 10 días de prisión.
En consecuencia, el despacho le concedió la libertad por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días, bajo la firma de una nueva acta de compromiso, conforme al Código Penal, tras la modificación del tiempo de prueba.
Este fin de semana Tapia fue grabado en Barranquilla movilizándose con un fuerte esquema de seguridad y acompañado de su pareja, la representante a la Cámara por Córdoba, Saray Robayo. Ambos estaban escoltados por al menos dos miembros de la Policía y tres camionetas.
En lo que respeca a la exministra Karen Abudinen, en septiembre de 2024 la Procuraduría General de la Nación archivó la investigación en su contra por la adjudicación de contratos a la controvertida empresa Centros Poblados por 70.000 millones de pesos.
“Las decisiones tomadas durante su gestión, aunque relacionadas con el proceso de licitación, no constituyeron una violación a las normas de contratación pública que pudieran generar responsabilidades disciplinarias para la exministra”, argumentó el organismo de control para archivar dicha investigación.
«En este marco, las pruebas permiten a la Sala descartar la incursión de la investigada en una falta disciplinaria por el quebrantamiento directo de sus deberes funcionales, pues, como se ha expresado a lo largo de este proveído, la doctora Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, ministra MinTic, no participó en la planeación y estructuración del proceso de contratación que tendría por objeto ejecutar el proyecto centros digitales”, puntualizó la Procuraduría.
De los 70 mil millones inicialmente girados por la cartera de las TIC, se reintegraron $2 mil millones ese mismo año. Con RSF