ONU alerta grave crisis de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta
La situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta es de “muy alto riesgo”, advirtió Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, tras una misión realizada entre el 1 y el 4 de diciembre en la región.
Campbell expresó profunda preocupación por el asesinato de Elizabeth Mojica, profesora indígena Wiwa y defensora de los derechos de las mujeres y la niñez, ocurrido el 30 de noviembre, en Riohacha, así como por el atentado contra el defensor ambiental Misael Socarrás, líder Wayuu del proceso del Arroyo Bruno, registrado el 12 de diciembre, de Maico.
La ONU condenó ambos hechos y exigió al Estado investigar, sancionar a los responsables y reforzar las medidas de protección.
Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en lo que va de 2025 se han documentado cuatro masacres y ocho homicidios de personas defensoras en municipios de la Sierra Nevada, que abarcan los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena. Los pueblos indígenas Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Ette Naka y Wayuu, así como comunidades afrodescendientes y campesinas, enfrentan graves vulneraciones a sus derechos colectivos e individuales.
La ONU alertó especialmente sobre la violencia sexual y de género contra mujeres indígenas, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales, calificado como crimen de guerra, y el riesgo extremo que enfrentan defensores y defensoras del ambiente. También denunció restricciones ilegales a la movilidad, desapariciones forzadas, amenazas y el uso de artefactos explosivos improvisados en los territorios.
Campbell instó a fortalecer y ampliar el programa Futuro Colombia de la Fiscalía para prevenir violencias contra mujeres y niñez indígena, y reiteró la necesidad de garantizar la consulta previa, libre e informada frente a proyectos extractivos.
Finalmente, el representante de la ONU subrayó la urgencia de implementar de manera integral la Alerta Temprana 020, emitida el 2 de diciembre por la Defensoría del Pueblo, y llamó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar de inmediato sus recomendaciones para prevenir nuevas violaciones de derechos humanos en la región.