Condenado exgobernador de Amazonas a 15 años de prisión por 38 cargos de corrupción
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del departamento de Amazonas, César Antonio Lugo Morales, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, peculado culposo, cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En total fueron 38 los cargos por los que fue condenado.
La Sala le impuso una condena de 191 meses y 16 días de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas y multa de 1479 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria. Se determinó la privación inmediata de la libertad de Lugo Morales y se requirió al Inpec para que se le siga prestando asistencia médica al condenado en su sitio de reclusión.
De acuerdo a la investigación en varios procesos contractuales que adelantó la gobernación del Amazonas, el sentenciado transgredió normas y principios previstos en la Ley 80 de 1993, aceptó dádivas y promesas remuneratorias a cambio de adjudicar y favorecer contratistas, y falseó documentos para justificar la adquisición de bienes y servicios para el departamento, afectando sus finanzas y la gestión administrativa.
“La mecánica empleada para ejecutar los actos ilícitos pone en evidencia un desconocimiento explícito de los principios de planeación, legalidad y responsabilidad fiscal; la suscripción de actos administrativos sin el soporte normativo y presupuestal debido, la emisión de documentos que simulaban una correspondencia con la normativa vigente y la omisión deliberada de controles esenciales constituyen un apartamiento estructural del ordenamiento jurídico, incompatible con la función pública”, señaló la Sala,
Y añadió que se afectó el patrimonio del Estado comprometiendo más de cinco mil millones de pesos, se registró la apropiación de recursos sin contraprestación real, desviación de recursos que debían servir a necesidades colectivas y, en su lugar, se utilizaron “para favorecer intereses privados, dejando de lado la prestación de servicios esenciales, como el agua potable o la alimentación escolar”.
Lugo Morales, como gobernador del departamento, tenía que respetar las normas y proteger el patrimonio colectivo y, consciente de eso, terminó utilizando su cargo para satisfacer intereses particulares, advirtió la Corte. Con RSF