A la cárcel a los exministros Bonilla y Velásco por su presunta implicación en el megasaqueo de la UNGRD
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves el envío a la cárcel de los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velásco Chávez, respectivamente por su presunta implicación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, reafirmando que los dos altos exfuncionarios «no actuaron de manera episódica o aislada, sino que habrían integrado desde posiciones de liderazgo un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública».
En la audiencia, la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, a cargo del caso, impuso medida de aseguramiento intramural contra los exministros Bonilla y Velasco, tras concluir que no se cumplían los requisitos legales para conceder la detención domiciliaria. Por esta razón dispuso la detención preventiva en centro carcelario.
Al especto, precisó que la medida resultaba «idónea, necesaria y proporcional para los imputados”, aclarando, sin embargo, que «no se sustenta en una fuga inminente, si no en la actual necesidad de evitar la rearticulación o continúe en las prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura, riesgos que no impiden el desplazamiento internacional del imputado».
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En la parte resolutiva, la providencia el Tribunal Superior de Bogota precisó la imposición de la medida de aseguramiento en contra de los exministro Velasco Chaves y Bonilla González como presuntos autores del delito de concierto para delinquir, determinadores en el punible de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y coautor del ilícito de cohecho por dar u ofrecer, conforme a la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación.
En la misma providencia libró la orden de captura contra los dos altos exfuncionarios y dispuso hacer efectiva de inmediato la medida, y determinó por conducto de la Secretaría del Tribunal comunicar la decisión a las autoridades competentes, «para que los imputados sean puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC, entidad que determinará el establecimiento de reclusión correspondiente para su reseña, verificación y custodia, garantizando el respeto de sus derechos fundamentales».
Finamente advirtió que contra de la medida proceden los recursos de reposición y apelación, debiendo surtirse este último ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que siga en turno, conforme a lo previsto en el artículo 39, parágrafo 10, de la Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 2477 de 2025.
La Fiscalía General de la Nación afirmó que los exfuncionarios son señalados de convocar y asistir a reuniones, dar órdenes y realizar seguimiento para que proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueran asignados a determinados congresistas, y así garantizar su voto y respaldo a diferentes iniciativas y reformas gubernamentales que estaban en estudio en el Legislativo.
Añadió que el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de esta macroinvestigación conoció tres momentos en los que se habrían configurado las actuaciones ilícitas. Inicialmente, entre junio y septiembre de 2023, los exministros presuntamente intervinieron indebidamente en 79 contratos (74 en Invias y 5 en Ungrd), los cuales ascendían en valor a 612.237 millones de pesos. 7 se concretaron y fueron orientados de acuerdo con sus intereses.
Luego, entre septiembre y diciembre de 2023, intercedieron en tres contratos de Ungrd que tenían como objeto la mitigación y atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar) por valor de 86.619 millones pesos. Las evidencias indican que estos negocios no alcanzaron a ser direccionados, pero los congresistas a beneficiar deliberaron y aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.
Finalmente, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, Bonilla González y Velasco Chaves habrían mediado de manera ilegal para que un contrato de la Ungrd que se ejecutaría en Sahagún (Córdoba), que ascendía a 35.000 millones de pesos, fuera entregado a personas a fines de un congresista de la Comisión Primera del Senado, situación que no se materializó.
Por todo lo anterior, la Fiscalía imputó a los dos exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Los cargos no fueron aceptados. Con RSF