La JEP cita a exalcalde de Bojayá por hechos ocurridos en regiones del Atrato y Urabá
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP recogió la versión de Manuel Joaquín Palacios Asprilla, exalcalde de Bojayá y aspirante a compareciente en su condición de agente del Estado no integrante de la fuerza pública, en el marco del Caso 04 (Situación Territorial de Urabá) y del Subcaso Región Atrato del Caso 09 (Crímenes no amnistiables contra pueblos y territorios étnicos).
La decisión de vincularlo a la investigación se fundamenta en su solicitud de sometimiento ante la JEP y en los informes entregados por víctimas y organizaciones de derechos humanos, que lo señalan de haber sostenido acuerdos y realizado acciones que habrían facilitado operaciones de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la región del Atrato.
Asimismo, Palacios Asprilla fue condenado por concierto para delinquir agravado, tras señalamientos del exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, conocido como ‘El Alemán’, quien lo acusó de colaborar con estructuras paramilitares en la región. El exalcalde recibió una pena de 90 meses de prisión y una multa de 6.500 salarios mínimos. En 2024 obtuvo libertad condicional.
La diligencia, convocada por la magistrada Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín, relatora de esta investigación, estuvo orientada a que el aspirante a compareciente aportara información nueva, detallada y contrastable sobre hechos del conflicto armado en Chocó, en coherencia con su trayectoria política y con el proceso judicial que motivó la revisión de su sometimiento ante la JEP.
Palacios Asprilla fue alcalde de Bojayá entre 1995 y 1997 y luego diputado del Chocó entre 2001 y 2004, periodo en el que ocurrió la masacre de Bojayá del 2 de mayo de 2002. Posteriormente volvió a ocupar la Alcaldía para el periodo 2008–2010, cargos desde los cuales podría aportar información relevante sobre los hechos investigados.
Tras la diligencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad evaluará la utilidad, exhaustividad y veracidad de los aportes entregados por Palacios Asprilla y enviará su valoración a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, autoridad encargada de determinar si cumple con el compromiso formal de aportar verdad plena, requisito indispensable para continuar su proceso de sometimiento ante esta Jurisdicción.
Con el fin de garantizar la centralidad de las víctimas y un enfoque de justicia restaurativa, la diligencia contó con la asistencia de víctimas y autoridades de los cuatro pueblos indígenas. Asimismo, de los diferentes consejos comunitarios acreditados junto a sus representantes jurídicos y apoyos psicosociales. Estuvieron en una sala espejo habilitada por los equipos de la Secretaría Ejecutiva de la JEP en Quibdó (Chocó), donde además contaron con el acompañamiento de un traductor para quienes no dominan el español con fluidez.
La JEP reitera que todas las personas que buscan someterse a la Jurisdicción deben realizar aportes efectivos, verificables y completos a la verdad, que permitan esclarecer patrones de victimización y avanzar hacia la verdad, la reparación y la no repetición. Asimismo, reafirma su compromiso con garantizar la participación de las víctimas en todas las etapas del proceso y con la protección integral de sus derechos. Con RSF