Hallazgo fiscal en predio para campesinos en Chimichagua, el terreno no es acto para fines agrícolas
La Contraloría General de la República, a través de la Delegada para el Sector Agropecuario, estableció un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por 4.161 millones de pesos en la compra del predio La Grosería, ubicado en Chimichagua (Cesar), realizada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para incorporarlo al Fondo de Tierras de la Reforma Rural Integral.
El órgano de control determinó que la ANT adquirió el predio pese a que se encontraba ocupado por familias en condición de invasión, situación que había sido reconocida formalmente en un Acta de Compromisos firmada por entidades nacionales, autoridades locales y comunidades campesinas. Allí se dejó constancia de la existencia de asentamientos dentro del inmueble, lo que evidenciaba falta de disponibilidad material para su compra.
El documento también establecía la instalación de una mesa de diálogo para buscar soluciones a los conflictos de tierra y acordaba suspender los operativos de desalojo, bajo el argumento de que el predio sería adquirido por la ANT. Además, se pactó caracterizar a los ocupantes para verificar si cumplían los requisitos para ser beneficiarios de programas de acceso a tierras, sin que la ANT hubiera verificado previamente la situación jurídica ni el estado real de ocupación del inmueble.
Según el análisis de la Contraloría, la entidad avanzó en la compra sin cumplir los requisitos de los artículos 31 y 32 de la Ley 160 de 1994 ni del Decreto 1071 de 2015, que exigen evaluar la aptitud técnica de los predios rurales. El estudio evidenció que la mayor parte del terreno corresponde a suelos de clases agrológicas VII y VIII, catalogados por el IGAC como improductivos e inadecuados para actividades agrícolas, pecuarias o forestales.
Dado lo anterior, el predio no cumplía con los criterios técnicos de selección, uso del suelo ni vocación productiva requeridos para incorporarlo al Fondo de Tierras, lo que afectó la eficiencia del programa y representó un uso inadecuado de recursos públicos destinados a la Reforma Rural Integral.
En conclusión, la ANT destinó 4.161 millones de pesos a la compra de un predio sin aptitud productiva y ocupado por terceros, en contravía de la Ley 160 de 1994 y de los lineamientos del Acuerdo Final de Paz, generando el hallazgo fiscal y disciplinario señalado por la Contraloría.