Defensoría del Pueblo exige protección y garantías para lideresas y líderes comunales en Arauca
En la Asamblea de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Arauca (Fedejuntas), la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la institucionalidad gubernamental a que le brinde la protección necesaria a dignatarias y dignatarios de la acción comunal en el desarrollo de sus funciones, pues, afirma, «han sido estigmatizadas, estigmatizados, amenazadas, amenazados, asesinadas, asesinados y desplazadas y desplazados en los últimos años».
El escenario de peligro a las que están expuestas y expuestos en el departamento de Arauca es de alto riesgo, ya que durante el 2024 fueron asesinados 13 líderes y lideresas comunales, y en lo que va de este año, el reporte es de cinco de estas personas ultimadas.
Durante el encuentro, la Defensoría, con la participación de su Regional Arauca, también le hizo una solicitud especial a los entes del orden nacional, departamental y local: que impulsen las debidas garantías para la realización, en condiciones de seguridad y logística, de las elecciones comunales, programadas para el 2026 en el departamento, que sufre una afectación profunda a raíz del conflicto armado interno.
En el espacio, de unión y defensa de sus derechos y al que asistieron alrededor de 50 personas, la entidad reconoció la importante labor que desempeñan en los municipios de Tame, Saravena, Fortul, Puerto Rondón, Arauquita y Cravo Norte, así como en la capital Arauca, a partir de la organización social y la construcción del bienestar colectivo.
El papel protagónico de estas lideresas y líderes es notorio, pues son la primera conexión entre las comunidades y las entidades territoriales, de las que dependen para la ejecución de proyectos que permitan el desarrollo social que llevan años esperando. Y es que su función la ejercen muchas veces en condiciones complejas, en medio de riesgos, limitaciones y desafíos derivados del accionar indiscriminado de las estructuras armadas y de problemáticas sociales que aún afectan a sus corregimientos, veredas, centros poblados y barrios.
La defensa del territorio, la promoción de la convivencia y la gestión comunitaria son un paso determinante en la protección de sus derechos fundamentales y de los de quienes representan. Su labor, por lo tanto, es vital para el desarrollo local, la seguridad y el bienestar general, por lo que es prioritario un entorno que les permita realizar su trabajo sin riesgos que pongan en peligro su vida e integridad.
Es por ello que la Defensoría del Pueblo deja claro su compromiso de acompañarles, escucharles y velar por la garantía de sus derechos y de los derechos colectivos de las comunidades que abanderan, las cuales también afrontan serias dificultades en materia de seguridad.
La misión de la entidad, desde el mandato constitucional, es seguir presente en el territorio alertando riesgos, exigiendo respuestas institucionales y fortaleciendo la capacidad de protección y acción del Estado frente a las amenazas que persisten en su contra. Con una acción articulada, lideresas y líderes comunales podrán ejercer su labor en mejores condiciones. Con RSF