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Actualidad

Enjuician por megasaqueo de la UNGRD a César Manrique y otros siete involucrados

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha por su presunta implicación en el megasaqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Con Manrique Soacha también fueron llamados a juicio otros siete presuntos involucrados en el entramado de corrupción. se trata del abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quienes eran contratistas de la UNGRD; el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, respectivamente; el asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista de la UNGRD Óscar Enrique Cárdenas Angulo

Con relación Manrique Soacha, las evidencias indican que habría gestionado la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó que los contratos que surgieran de estos recursos fueran entregados a oferentes específicos

Entre tanto, los demás implicados presuntamente participaron en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, con sus respectivas interventorías, y una vinculación por prestación de servicios de topografía a nivel nacional.

El contrato asociado con el suministro de carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira se suscribió en octubre de 2023, por 29.000 millones de pesos, con la Corporación Mixta Yapurutú. Aquí fueron detectados sobrecostos por 11.114 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones de pesos fueron entregados a Manrique Soacha, 2.060 millones de pesos a Riveros Rey y 4.330 millones quedaron en manos de los directivos de Yapurutú.

Por todo lo anterior, los procesados serán acusados, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos investigados, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Con RSF

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