Defensoría del Pueblo lanza Alerta sobre riesgos del proceso Electoral 2026

La Defensoría del Pueblo emitió este martes una Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026, en la cual identifica posibles vulneraciones a derechos y libertades civiles y políticas, así como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, antes, durante y después, de las elecciones presidenciales y de congreso. Según el documento, el propósito de esta Alerta es orientar y formular recomendaciones concretas para garantizar unas elecciones libres, seguras y en paz en todo el territorio nacional.

La Defensora Iris Marín, no obstante, al hacer público el documento, afirmó que “ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones». Además indicó que se trata de «advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”.

Em pero, afirmó que es necesario blindar el proceso electoral con un esquema integral y medible de prevención y protección que priorice los territorios más afectados y brinde medidas diferenciales a candidatos y candidatas, juventudes, víctimas del conflicto armado, firmantes de paz, mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, así como a funcionarios, servidores públicos y sus familias.

Según el documento, se evaluó la condición de cada municipio a partir de 14 variables cualitativas y cuantitativas, que permitieron identificar los niveles de riesgo y orientar los llamados a la acción correspondientes.

Esos llamados son:

-A la Acción inmediata-Acción expedita frente a riesgo actual, en 62 municipios
-A la Acción anticipada frente a riesgo probable, en 162 municipios
-A la Acción sostenida frente a riesgo latente, en 425 municipios
-A la Acción preventiva frente a riesgo fluctuante, en 216 municipios
-A la Acción de mantenimiento frente a bajo riesgo, en 257 municipios

Según la Defensoría, cada región del país enfrenta amenazas distintas, vulnerabilidades propias y capacidades institucionales desiguales. Por eso, subraya, no existe una fórmula única de acción. La acción del Estado debe ser diferenciada, oportuna y proporcional a la realidad de cada territorio. Solo así la prevención será efectiva y la democracia verdaderamente incluyente.

Señala la Defensoría que aunque las jornadas de votación han podido realizarse según el calendario establecido, grupos armados y organizaciones criminales “suelen restringir las libertades políticas mediante presiones, prohibiciones o permisos selectivos para realizar proselitismo, financiamiento de campañas y otras acciones que limitan el ejercicio pleno de los derechos y libertades políticas”.

Advierte que el mayor riesgo no se sitúa en la jornada de votación, sino en las fases previas a las elecciones atípicas. Durante las campañas, la Defensoría del Pueblo ha conocido hechos de amenazas, hostigamiento a candidaturas, constreñimiento a la población por parte de grupos armados, violencia digital y desinformación. Estos actos alteran la voluntad popular, desestimulan la participación y afectan de manera desproporcionada a las mujeres candidatas. En enero de 2025, la Defensoría ofició a la Fiscalía General de la Nación, la Policía y la UNP por amenazas a candidatos a la gobernación de Putumayo y constreñimiento a comunidades indígenas en Puerto Asís.

El documento formula 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos que apuntan a una acción coordinada y efectiva del Estado así:

• Ministerio del Interior: fortalecer la articulación interinstitucional y territorial en las instancias de garantías electorales.
• Ministerio de Defensa y Fuerza Pública: garantizar seguridad en vías, puestos de votación y territorios con mayor nivel de riesgo.
• Unidad Nacional de Protección (UNP): implementar planes de contingencia para candidaturas, periodistas, juventudes, víctimas y firmantes de paz.
• Registraduría Nacional y Consejo Nacional Electoral: asegurar la logística, transparencia y garantías en el proceso electoral.
• Procuraduría, Personerías y demás órganos de control: vigilar el cumplimiento de garantías y la protección de derechos.
• Poblaciones en especial condición de riesgo

La Alerta destaca la necesidad de medidas diferenciales para proteger a:

• Precandidaturas, candidaturas y sus equipos de campaña y familias.
• Servidores públicos en cargos de elección popular y en labores electorales.
• Defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, jóvenes, mujeres, población LGBTIQ+, víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz.

El documento se organiza en ocho capítulos. El primer capítulo presenta el marco de referencia en el que se incluyen los antecedentes, el contexto y el marco legal; el segundo, la metodología para la identificación del riesgo; en el tercero se presenta la población en situación de riesgo; el cuarto, muestra los principales factores de amenazas, vulnerabilidades y capacidades; el quinto, los acápites especiales; el sexto, los escenarios de riesgo macrorregional; el séptimo, la prospectiva de riesgo; y el octavo, las recomendaciones agrupadas por ejes temáticos que reafirman el llamado a la acción del Estado con el propósito de que en los procesos electorales de 2025 y 2026 se garanticen los derechos y las libertades civiles y políticas para toda la población.

La Defensoría precisa que los procesos electorales que se avecinan tienen lugar tras transformaciones recientes en la política colombiana. Entre ellas destacan el ejercicio, por primera vez en la historia del país, de un gobierno
de orientación política de izquierda, la llegada de liderazgos sociales, defensores y defensoras de derechos humanos al Congreso, y la incorporación de nuevos sectores y políticos a la vida pública. afirma que si bien estos cambios reflejan un fortalecimiento del pluralismo y la representatividad, también han estado acompañados de una agudización de las tensiones entre corrientes políticas y liderazgos, generando un ambiente de polarización en torno a los extremos del espectro político y a sus principales figuras, expresado principalmente en la confrontación verbal.

En el actual período de gobierno, la apuesta ha sido por una negociación simultánea con grupos armados ilegales y la transformación de las estrategias de seguridad tradicionales; igualmente su política de seguridad tiende a reformas institucionales orientadas a desescalar el uso de la fuerza de los grupos armados ilegales.

Frente a los resultados, en ese mismo período, han surgido tensiones entre la disminución de algunos indicadores de violencia, la fragmentación de los grupos armados ilegales y el incremento de cultivos de uso ilícito y rentas ilícitas. Asimismo, como se observa en el capítulo sobre dinámicas macrorregionales, persisten distintos controles violentos sobre la población civil, así como un respaldo dividido de la comunidad internacional a esta gestión, atizada recientemente por la desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas por parte de del gobierno de los Estados Unidos, situación rechazada por el presidente de la República.

Los documentos de alertas tempranas e informes de seguimiento de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de que el conflicto armado y la criminalidad organizada atraviesan una transformación caracterizada por una doble tendencia: la dispersión, reflejada en la multiplicación de grupos armados; y la expansión territorial, reflejada en el aumento del número de municipios en los que los grupos armados hacen presencia y tienen influencia.

Clasificación de llamado a la acción estatal

Según la intensidad de las violencias (variables de amenaza), fortalezas (capacidades) y debilidades (vulnerabilidades) institucionales y sociales identificadas, se formularon varios llamados a la acción estatal.

Estos llamados se clasificaron en cinco niveles que buscan que las entidades nacionales, departamentales, distritales y municipales se focalicen de forma diferenciada en la disuasión de las violencias por medio de la acción de la fuerza pública, la mitigación de las vulnerabilidades y el fortalecimiento de las capacidades, según las necesidades puntuales de cada municipio o área no municipalizada:

• Llamado a la acción inmediata: Este nivel corresponde a escenarios en los que el riesgo se ha materializado y requiere una respuesta robusta del Estado. Supone el despliegue inmediato de acciones de seguridad y protección orientadas a contener los factores de amenaza materializados que afectan directamente el proceso electoral y a prevenir su persistencia.

Las intervenciones deben enfocarse en disuadir a los actores generadores de riesgo, fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias y consolidar la presencia estatal como un factor efectivo de protección en municipios con altos niveles de vulnerabilidad y limitadas capacidades locales para la gestión del riesgo.

• Llamado a la acción urgente: Este nivel se aplica en contextos donde existen amenazas en desarrollo o con alta probabilidad de materializarse, lo que demanda una respuesta rápida y coordinada del Estado. Requiere la activación urgente de medidas de seguridad, protección y articulación interinstitucional orientadas a prevenir la consolidación de hechos violentos o restrictivos de la participación electoral.

Las acciones deben enfocarse en reducir las vulnerabilidades identificadas y fortalecer las capacidades institucionales y sociales con algún nivel de desarrollo, de manera que se contenga la evolución del riesgo y se proteja el normal desarrollo del proceso electoral.

• Llamado a la acción prioritaria: Este nivel corresponde a contextos en los que los factores de amenaza presentan una menor visibilidad o una afectación indirecta, pero donde persisten vulnerabilidades que podrían escalar si no se abordan oportunamente. La acción estatal debe centrarse en reducir dichas vulnerabilidades, fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias, y controlar los factores de riesgo identificados.

Se requiere una intervención temprana y sostenida, orientada a prevenir el deterioro de las condiciones de seguridad y proteger los derechos y libertades políticas durante el proceso electoral.

•  Llamado a la observación permanente: En estas zonas, aunque existen capacidades preventivas, se requiere monitoreo constante para anticipar variaciones de riesgo y detectar cualquier cambio en el comportamiento que pueda afectar el ejercicio del proceso electoral, los derechos y libertades políticas.
•  Llamado a mantener la acción ordinaria: En estos escenarios, no se encuentra un factor de amenaza asociado al conflicto armado o la criminalidad organizada que pueda comprometer de forma directa el proceso electoral los derechos y libertades políticas. Por lo anterior, se insta a las instituciones a continuar con sus funciones ordinarias.

La Defensoría del Pueblo reitera que la Alerta Temprana Electoral no tiene un carácter político ni partidista, sino un enfoque preventivo y democrático. Su objetivo es aportar a la protección de la ciudadanía y a la preservación de la tradición democrática del país, en la que históricamente se han celebrado comicios incluso en escenarios de adversidad y concluye:

La Alerta Temprana Electoral es un llamado a la institucionalidad y tiene como objetivo orientar a las entidades del Estado en la implementación de acciones preventivas que generen garantías para el ejercicio de los derechos y libertades políticas frente a los procesos electorales 2025-2026. Con RSF