Memoria y verdad contra «crímenes de Estado», la lucha de la defensora del año
Desde que el Ejército colombiano engañó y asesinó a su hermano para hacerlo pasar por guerrillero muerto en combate e inflar las cifras de éxito militar en el conflicto armado, Jacqueline Castillo ha sido uno de los rostros más visibles en plazas y tribunales en la lucha contra la impunidad de los llamados ‘falsos positivos’.
«Son crímenes de Estado, directamente», dice en una entrevista con EFE Castillo, representante de la Fundación Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), quien acaba de ser reconocida como defensora del año por la ONG Diakonia y el programa Act Iglesia Sueca, con el apoyo de la Embajada de ese país en Colombia.
En la ceremonia del galardón, Castillo llevó puesta una camiseta con un número grande en amarillo: 6.402. Son los civiles que, según el tribunal de paz colombiano, fueron captados con engaños y asesinados por soldados entre 2002 y 2008, bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
Uno de ellos fue Jaime, su hermano menor. Desapareció en Bogotá el 10 de agosto de 2008 y dos días después apareció muerto en Norte de Santander, a cientos de kilómetros, en la frontera con Venezuela.
Condena por crímenes de lesa humanidad
Su caso avanza en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, que el mes pasado dictó la primera condena por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra doce exmilitares responsables de más de un centenar de esas ejecuciones extrajudiciales.
Las penas van de cinco a ocho años, no en cárceles, sino con trabajos restaurativos en beneficio de las víctimas.
«No era lo que esperábamos, uno anhelaría que hubiera condenas ejemplares», admite Castillo. Pero reconoce como un gesto «de gran valor» que los exmilitares hayan admitido sus crímenes y lo hicieran «mirando a la cara» a las víctimas.
«Sus nombres, sus rostros, ya quedan en la historia de este país y eso nadie jamás lo podrá borrar», añade.
Las madres de Soacha
Castillo tenía 44 años y trabajaba como auxiliar de enfermería en Bogotá cuando Jaime, de 42, desapareció. Era el sexto de siete hermanos, ya huérfanos de padres.
En medio de la búsqueda, descubrió que el caso de su hermano no era aislado. En Soacha, un pueblo al sur de Bogotá, encontró a decenas de madres con el mismo desconsuelo: sus hijos jóvenes y humildes habían sido reclutados con promesas de trabajo y luego aparecieron asesinados en el norte del país, vestidos con uniformes guerrilleros.
«Nunca me imaginé que Jaime haría parte de ese horror», comenta. Mucho menos que el Ejército estuviera detrás de esos crímenes. Para ella, hasta entonces, los soldados eran sus «héroes».
«Recordé a mi madre, si le hubiera tocado vivir ese dolor», dice. Y ahí se hizo la promesa: trabajar con las madres de Soacha y no descansar hasta que el país supiera la verdad.
Segundas oportunidades
Mafapo nació para mantener viva la memoria, exigir justicia y «limpiar los nombres de nuestros familiares para demostrar que ellos no habían sido guerrilleros», resume Castillo, quien dice que servir a la gente siempre ha sido su «gran devoción».
Con las madres de Soacha, recorrió con pañuelos blancos y pancartas plazas, oficinas, audiencias judiciales, colegios y universidades.
«Son nuestros jóvenes quienes nos motivan (…) a seguir trabajando por un mejor futuro, por darles una mejor vida», dice Castillo, que entre tanto dolor también encuentra espacio para la compasión.
Algunos soldados, explica, fueron «presionados» a matar a civiles inocentes. Si desobedecían las órdenes, corrían el riesgo de que sus propios compañeros los asesinaran.
Para ellos, dice Castillo, la justicia restaurativa de la JEP puede ser una segunda oportunidad «como tal vez todos merecemos cuando cometemos algún error».
Al fin y al cabo, confiesa, «por más que les den 60 años de condena no les van a devolver la vida» a quienes se la quitaron. Con EFE