La ONU pide implementar garantías de seguridad de cara a las elecciones
En su último informe sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el Secretario General, António Guterres, insistió en la necesidad de garantizar que el país no retroceda en los avances logrados en su camino hacia una nación más pacífica y segura. Frente a los actos de violencia ocurridos durante el período, señaló que es fundamental avanzar en la plena implementación del Acuerdo de Paz de 2016, y que se mantenga el apoyo de la comunidad internacional.
El informe resalta la urgencia de implementar las medidas de garantías de seguridad —incluidas las contenidas en el Acuerdo— en vista del próximo período electoral.
«Implementar las garantías de seguridad, incluidas las previstas en el Acuerdo Final, ha adquirido una urgencia aún mayor en vista del período electoral que se desarrollará próximamente, como dejan patente el asesinato del Senador Uribe Turbay y otras amenazas y ataques contra líderes políticos», precisa y subraya que a fin de garantizar que existan medidas de seguridad adecuadas, es necesario hacer un uso pleno y estratégico del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, principal mecanismo creado por el Acuerdo para reunir a todos los sectores políticos al objeto de mantener discusiones sobre prevención y protección de líderes políticos, sociales y comunitarios.
“Garantizar la seguridad adecuada para el desarrollo seguro de las próximas elecciones en todo el país es fundamental para la democracia colombiana, en particular para consolidar los avances logrados en el marco del Acuerdo Final con el fin de ampliar la participación electoral en las zonas históricamente afectadas por el conflicto y reforzar las garantías jurídicas para la oposición política”, indica el Secretario General.
Igualmente afirma que es fundamental el fortalecimiento de la presencia del Estado —especialmente en las zonas afectadas por el conflicto—, la implementación de las disposiciones de garantías de seguridad —como la política de desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales—, y la continuación del avance en la reforma rural, como puntos críticos para ampliar la seguridad y las oportunidades de desarrollo para las comunidades. “Las medidas esbozadas a lo largo del Acuerdo tienen por objeto beneficiar a amplios sectores de la población a medida que contribuyen a una paz duradera”, añadió.
Por otra parte, António Guterres reconoce la emisión de las primeras sentencias restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como un momento crucial en la implementación del Acuerdo. “A través de este mecanismo innovador, las partes se comprometieron a garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves cometidos durante décadas de conflicto y reparación para las víctimas”, precisó.
Para el Secretario General, es esencial que las personas condenadas de todas las partes en el conflicto sigan demostrando su compromiso con la paz cumpliendo plenamente sus sanciones y que el Estado colombiano no escatime esfuerzos con el fin de garantizar que se den las condiciones necesarias, incluidos los recursos financieros y las garantías de seguridad requeridos. “Ahora es fundamental mantener el impulso y evitar retrasos indebidos al traducir las sanciones propias en acciones restaurativas en beneficio de las víctimas”, puntualizó.
En esta importante coyuntura del proceso de justicia transicional, el Secretario General expresa su solidaridad con las víctimas de los conflictos pasados y presentes en Colombia, así como su profunda admiración por el valor y la magnanimidad que han demostrado. “La consolidación de este legado histórico requerirá de visión por parte de la sociedad colombiana en su conjunto, con el fin de garantizar que el país evite repetir ciclos de violencia del pasado”, resaltó.
Durante el período que abarca el informe, se registraron diez asesinatos y dos intentos de homicidio de excombatientes, y se denunció la desaparición de una persona. Desde la firma del Acuerdo de Paz, la Misión ha verificado el asesinato de un total de 481 excombatientes —entre ellos, 11 mujeres, 63 indígenas y 58 afrocolombianos—, además de 164 intentos de homicidio (17 mujeres) y 57 desapariciones (incluida la de una mujer).
Durante el período del informe, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 48 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos, entre ellos, 7 mujeres, 39 hombres y 2 mujeres transgénero, 8 indígenas, 4 afrocolombianos y 19 campesinos.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, entre el 27 de junio y el 2 de septiembre del año en curso, 8.700 personas se vieron afectadas por desplazamientos forzados y 41.800 por confinamientos en 30 municipios de 10 departamentos, especialmente en la región del Pacífico y el sur de Bolívar. Entre los departamentos más afectados se encuentran Chocó, Cauca, Bolívar, Guaviare y Valle del Cauca.
Respecto a la reincorporación, el informe resalta que, ahora que se ha logrado un avance significativo en la consolidación de un marco normativo e institucional integral para el proceso de reincorporación de la población excombatiente —que agrupa a más de 11 mil personas que continúan activas en su proceso de reincorporación—, este debe centrarse en la implementación y la ejecución sobre el terreno. “Al proporcionar oportunidades para lograr medios de vida dignos, los esfuerzos de reincorporación liderados por el Estado desempeñan un papel fundamental para romper el círculo vicioso del conflicto armado en el país. Son tanto un imperativo de seguridad como una inversión social y política en la estabilidad a largo plazo”, agregó el Secretario General.
António Guterres también destaca los avances en materia de reforma rural, que han beneficiado a los campesinos, las mujeres rurales y las comunidades étnicas, así como en el avance hacia una mayor seguridad jurídica de las tierras. Con el progreso en la adjudicación y formalización de tierras durante el período, se alcanza un porcentaje cercano al 9% del objetivo de la meta de tres millones de hectáreas adjudicadas fijada en el Acuerdo de Paz; y casi la mitad de la meta de 7 millones de hectáreas formalizadas.
La ampliación del acceso a la tierra y a oportunidades de subsistencia ofrecen alternativas viables a las economías ilegales y la violencia conexa. Las disposiciones del Acuerdo de Paz relativas a la reforma rural integral pueden reforzar considerablemente la productividad del sector agrícola y contribuir a reducir la pobreza rural, contribuyendo así al desarrollo nacional. “Hago un llamado al Gobierno a acelerar la implementación de los proyectos PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), diseñados en consulta con las comunidades rurales, y de los planes nacionales para la reforma rural. El fortalecimiento de estas iniciativas complementarias es fundamental para garantizar que el acceso a la tierra se traduzca en oportunidades significativas para el desarrollo y la paz”, añadió.
Respecto a las disposiciones de género del Acuerdo de Paz, el informe destaca algunos avances como la inclusión de subcomités de género en más de 20 comités de reforma agraria en cuatro departamentos. Sin embargo, señaló que sigue habiendo desafíos para cuantificar el impacto exacto de las disposiciones sobre género del Acuerdo.
El informe también observa un mayor impulso en la implementación del Capítulo Étnico durante el período reportado. Tras una audiencia en el Congreso, se acordaron medidas de seguimiento específicas para avanzar en tres áreas clave: el acceso a la tierra, los PDET y la reincorporación de los excombatientes de origen étnico.
El Secretario General lamenta profundamente la violencia actual, que sigue socavando los esfuerzos por construir una paz duradera. “Insto a los actores armados ilegales a que demuestren de manera inequívoca, mediante acciones concretas, su respeto por la vida y la dignidad de la población civil. Demostrar la voluntad de avanzar hacia la paz exige romper claramente con la intimidación, las amenazas y los daños”, añadió.
“El camino hacia la paz en Colombia ha sido moldeado no solo por la determinación de su pueblo, sino también por el apoyo inquebrantable de la comunidad internacional”, recuerda el Secretario General, quien agrega que el mundo se beneficiará directamente de las experiencias de Colombia en materia de construcción de paz. Finalmente reafirma que “la Misión de Verificación continuará su importante labor para garantizar que las aspiraciones de paz se traduzcan en realidades duraderas sobre el terreno”.
El informe, que será presentado en Nueva York este viernes 3 de octubre por el Miroslav Jen?a, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas designado en Colombia, concluye con una serie de observaciones. Algunas de ellas, son las siguientes:
Colombia ha avanzado mucho a lo largo de los años en su camino para convertirse en una nación más pacífica y segura. Sin embargo, los actos de violencia ocurridos durante el período sobre el que se informa y la persistencia de la inseguridad en algunas de las zonas priorizadas para la implementación de la paz son motivo de preocupación. Se debe hacer todo lo posible para garantizar que Colombia no retroceda, sino que continúe avanzando en este difícil camino hacia una paz duradera, y que la comunidad internacional mantenga su apoyo. La plena implementación del Acuerdo Final sigue siendo, sin duda, una parte fundamental de la solución.
Es esencial ampliar y reforzar la presencia del Estado, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto, donde las comunidades locales están expuestas a las acciones de grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Estos siguen prosperando gracias a las economías ilegales, socavando el desarrollo sostenible y la estabilidad en esas regiones. Para hacer frente a desafíos tan complejos se requiere un enfoque estratégico que combine los esfuerzos de consolidación de la paz con medidas integrales y coordinadas para ampliar la seguridad y las oportunidades de
desarrollo para las comunidades.
Aliento enérgicamente al Gobierno a tomar medidas decisivas para la plena implementación del Acuerdo Final en lo que resta de su mandato, priorizando las medidas con mayor impacto y mejorando la coordinación. Se debe prestar especial atención a las disposiciones sobre garantías de seguridad, como la política pública para el desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales.
Igualmente importante es acelerar la implementación del capítulo sobre la reforma rural, que es fundamental para fomentar el desarrollo equitativo y la estabilización mediante una presencia fortalecida del Estado en zonas históricamente desatendidas, donde las comunidades sufren una violencia persistente. Las medidas esbozadas a lo largo del Acuerdo tienen por objeto beneficiar a amplios sectores de la población a medida que contribuyen a una paz duradera.
La adopción de las primeras sanciones propias por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz marca un momento crucial en la implementación del Acuerdo Final. A través de este mecanismo innovador, las partes se comprometieron a garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves cometidos durante décadas de conflicto y reparación para las víctimas. Es esencial que todas las personas sancionadas sigan demostrando su compromiso con la paz cumpliendo plenamente sus sanciones. Hago un llamado a las autoridades del Estado colombiano a no escatimar esfuerzos para garantizar que se den las condiciones requeridas, entre ellas los tan necesarios fondos y las garantías de seguridad para todos los actores involucrados.
Ahora es fundamental mantener el impulso y evitar retrasos indebidos al traducir las sanciones propias en acciones restaurativas en beneficio de las víctimas.
En esta importante coyuntura del proceso de justicia transicional, deseo expresar mi solidaridad con las víctimas de los conflictos pasados y presentes en Colombia, así como mi profunda admiración por el valor y la magnanimidad que han demostrado. La consolidación de este legado histórico requerirá de visión por parte de la sociedad colombiana en su conjunto, con el fin de garantizar que el país evite repetir ciclos de violencia del pasado. Con ese objetivo, la Misión está preparada para llevar a cabo una verificación independiente y rigurosa del cumplimiento de las sanciones y del establecimiento de las condiciones para su implementación. Con RSF