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Desmantelan entramado criminal que infiltró servicios de seguridad nacional

Actividades investigativas dirigidas por la Fiscalía General de la Nación permitieron detectar un entramado ilícito que infiltró operaciones contra estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca, y obtuvo información de seguridad nacional, comprometiendo esquemas de protección y diligencias judiciales en curso.

La Fiscalía reportó que tres de los presuntos involucrados en estas actividades fueron judicializados. Se trata del mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5; el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva; y la civil identificada como Luisa Fernanda Salgado Fernández. Estas personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.

Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con el Ejército Nacional y la Policía Nacional en un inmueble de la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N°3 del Ejército Nacional, en Bogotá.

La Fiscalía las presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.

La investigación estableció que, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a las instalaciones militares y la participación en operaciones tácticas y de inteligencia.

La mujer es señalada de hacerse pasar como capitán, asumir funciones exclusivas de oficiales, participar en reuniones interinstitucionales y acceder a información reservada, secreta y ultrasecreta sobre indagaciones, esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos contra organizaciones criminales como el ‘Tren de Aragua’.

Entre tanto, el sargento segundo Padilla Villanueva presuntamente facilitó el ingreso de la particular a las instalaciones militares, la interacción con la tropa y el acceso a información estratégica, entregándole detalles de movimientos de la unidad, logística de comunicaciones y uso de drones. Como resultado, documentos oficiales, imágenes aéreas y planes de allanamiento quedaron en manos de un civil y fueron usados para solicitar y ejecutar diligencias judiciales.

También se le atribuye la entrega de detalles sobre los movimientos de la unidad y de la logística para la utilización de equipos de comunicaciones y drones en las misiones, lo que permitió a la particular disponer de detalles de interés estratégico sin cumplir con los protocolos de seguridad ni contar con autorización.

De esta manera, quedaron en manos de un civil documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia. Con esta fuga de material, en algunas oportunidades, se solicitaron y ejecutaron diligencias judiciales, y se indujo en error a fiscales y jueces al hacerles creer que los reportes provenían de fuentes legales y verificadas. Con RSF

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