Víctima de las guerrillas y de políticas populistas: El caso de Hugues Rodríguez y la expropiación de su finca La América
En un contexto de reformas agrarias controvertidas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro, el ganadero Hugues Rodríguez Fuentes emerge como un claro ejemplo de empresario legítimo convertido en blanco de arbitrariedades estatales.
Afectado por décadas de violencia guerrillera en el departamento del Cesar, Rodríguez ha enfrentado una persecución judicial e infundada, basada en rumores y asociaciones superficiales sin comprobación, que, si bien no ha culminado por que se encuentra en curso el incidente de oposición en el marco del proceso de extinción de dominio en la jurisdicción de Justicia y Paz, en la ciudad de Barranquilla, a través de sus abogados, su situación jurídica y derechos se vieron afectados con una enajenación temprana comprendida por irregularidades e ilegalidades que pretendió realizar una expropiación exprés velada y forzosa de su finca La América ubicada en el departamento del Cesar, muy a pesar de los reiterados esfuerzos de sus apoderados por frenar todo tipo de acción judicial violatoria de sus derechos y garantías.
Este predio de 1.455 hectáreas, adquirido legalmente hace más de 20 años, fue entregado en noviembre de 2024 en un marco de irregularidades en el proceso de enajenación surtido por las entidades del gobierno (UARIV – ANT), inmueble que fue entregado a 148 familias campesinas por la Agencia Nacional de Tierras, en un acto simbólico presidido por el propio presidente Petro, Juan Felipe Harman y demás funcionarios de la entidad, a pesar de que la justicia ha indicado que la venta fue ilegal y es evidente que al campesinado se les brindó únicamente una mera expectativa al no ser viable la titularización del predio por contar este con un dueño legítimo, situación que resulta en revictimización de una población que ha padecido de manera constante el conflicto y promesas basada en engaños populistas.
La ANT adquirió el predio por un precio irrisorio, un 40% por debajo de su valor comercial, lo que configura un detrimento patrimonial, lo que expertos en derecho agrario denuncian como un despojo al estilo chavista, disfrazado de redistribución social.
Situación que fue advertida por el propio funcionario judicial de Justicia y Paz que conoció de la oposición presentada por los abogados de Rodríguez Fuentes, quien respaldó la afirmación de la Procuraduría General de la Nación, el Fiscal de extinción de dominio y, el representante de víctimas entre otros, en el sentido de que, a diferencia de miles de bienes extinguidos, y muchos que permanecen sujetos a medidas mientras se profieren las correspondientes sentencias de extinción de dominio, en el caso del predio La América la venta del inmueble se tramitó de manera “extrañamente rápida”, circunstancia que evidencia no solo una irregularidad en el trámite, sino además una afectación concreta derivada de intereses y agendas políticas orientadas a generar una fidelización de la población frente a decisiones que, lejos de un análisis jurídico riguroso, buscan su aceptación acrítica.
La historia de Rodríguez Fuentes no es la de un «oscuro ganadero» vinculado al paramilitarismo, como lo pintan sesgados reportajes que ignoran por completo su condición de víctima del conflicto armado y distorsiona hechos para atacar a un empresario exitoso y justificar la expropiación exprés de tierras en Colombia.
Desde los años 60, la familia Rodríguez Fuentes se dedicó al negocio ganadero y lácteo en el Cesar, elevando su operación a una empresa formal. Sin embargo, la guerrilla del ELN y las FARC, irrumpió en sus vidas con extorsiones, secuestres y violencia.
Tras pagar «vacunas» iniciales, la familia decidió resistir, lo que desencadenó un secuestro trágico: en septiembre de 1995, su hermana Margarita Rosa, odontóloga de profesión, fue raptada por el ELN. A pesar de pagar en dos ocasiones una suma millonaria por su liberación, Margarita fue maltratada, violada y asesinada y sus restos, fueron hallado dos años después en un platanal, gracias a la presión de las autoridades, y la intervención de la Cruz Roja Internacional.
Este crimen devastador, que dejó una «herida abierta» en la familia, como lo describió su hermana Elisa Clara, impulsó a Rodríguez a buscar protección en las instituciones del estado a través de las múltiples denuncias interpuestas ante la fiscalía y los escasos batallones que hacían presencia en la zona, en un contexto donde las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) combatían a la guerrilla en la región y el Estado había dejado totalmente solos a las víctimas a merced de las guerrillas en las regiones.
De ahí que nunca existió y mucho menos se demostró su participación activa en estructuras armadas ni complicidad en delitos; al contrario, las acusaciones de ser «financiero» o «testaferro» de Jorge 40 provienen de testimonios basados en rumores o de dichos que expertos en derecho penal han indicado, constituyen prueba indirecta o de referencia, fáciles de ser controvertidos en procesos de Justicia y Paz, pues al caso en concreto, existen diversas declaraciones que lo han descrito como un empresario ganadero víctima de extorsiones por parte de las FARC y el ELN, además de certificaciones del comisionado para la paz y el propio Jorge 40 que no identifican a Hugues Rodríguez Fuentes como miembro de las AUC.
No obstante, el señor Rodríguez tuvo una condena la cual fue confirmada por el Tribunal y la Corte Suprema de Justicia, pero Rodríguez ha argumentado su inocencia basándose en nuevas pruebas, y su inclusión en el Registro Único de Víctimas que valida su estatus como afectado por el conflicto. sin embargo, la corte suprema de justicia encauso su condena por un único hecho, el haber prestado la oficina el 30 de abril de 2002 a solicitud de la extinta juez Marilis Hinojosa, para reunirse con un ilegal de las AUC, que la había amenazado. el objetivo de la reunión fue esclarecer el motivo de su amenaza para salvaguardar su vida.
La adquisición del predio La América en 2005 fue un negocio legítimo con Jaime Blanco Maya, quien se la vendió a un precio de mercado. El predio, fértil para ganadería y agricultura generó empleo local, con cientos de cabezas de ganado y un administrador como su familiar Augusto Fuentes, quien laboró allí por 20 años, sin embargo, en 2007, el Estado la sometió a UN proceso de extinción del derecho de dominio en jurisdicción ordinaria bajo sospechas infundadas, pues ninguna de las causales formuladas por el delegado fiscal encargado tuvo prosperidad y por lo tanto, tanto la primera como segunda instancia después de 18 años, le dio la razón al señor Rodríguez y sus abogados en el entendido de que el patrimonio adquirido por Rodríguez Fuentes era completamente legítimo y alejado de cualquier circunstancias que pudiera dar vicios de ilegalidad.
A pesar de ello, ahora bajo el gobierno Petro, nuevamente somete los mismos predios y ciudadanos a un proceso de extinción del derecho de dominio, pero esta vez ante los Magistrados de Justicia y Paz, donde se acelera de manera expedita y extrañamente rápida por las entidades encargadas de materializar el plan de gobierno, todos los actos administrativos necesarios para la enajenación temprana de no solo la finca la América, sino de otros predios también de propiedad de Hugues Rodríguez Fuentes y su familia, disfrazando de ese modo una “expropiación” de los predios, justificado en una «reforma agraria» que prioriza el populismo sobre el debido proceso.
El 22 de noviembre de 2024, Petro y el director de la ANT, Juan Felipe Harman, lideraron la entrega a muchos campesinos de Chimichagua, en un acto que generó tensiones, mientras que los trabajadores de Rodríguez Fuentes desalojaron pacíficamente, vendiendo el ganado en horas para evitar más pérdidas, pero el valor ofrecido por el Estado que ignora vehementemente las inversiones en remodelaciones y productividad.
Ante este hecho, los Abogados de Rodríguez, insistieron a través de diferentes acciones de tutela por la protección de los derechos de quienes ostenta la legitima propiedad y advirtieron desde el comienzo que a la población no se le podría titular dicho bien, posición que fue previamente respaldada incluso por el alcalde local José David Rocha, quien advirtió desde un comienzo que dicho acto de entrega indiscriminada e irresponsable, acarrearía problemáticas de seguridad una vez el gobierno nacional saliera de la región, pues el predio tiene a la fecha un dueño, quien si bien está sometido a las resultas de un proceso, ello no le arrebata los derechos sobre este.
A pesar de las múltiples advertencias y acciones desplegadas para la protección del ordenamiento jurídico, el revés llegó en agosto de 2025: el Tribunal Superior de Barranquilla, el Magistrado Dr. Carlos Andrés Pérez, declaró ilegal la transferencia realizada por la UARIV – FONDO a la ANT, anulándola por violar medidas cautelares, el debido proceso y los controles previos que debían realizarse ante el Magistrado en mención, que había impuesto las medidas cautelares, ordenando el retorno al Fondo de Reparación de Víctimas, además de la compulsa de copias penales, disciplinarias y fiscales de los funcionarios públicos en cabeza de Juan Felipe Harman, y el director del Fondo de reparación Javier Mauricio Rincón, quienes llevaron a cabo el proceso de enajenación exprés abiertamente ilegal.
No obstante, se tiene conocimiento que previo a la decisión, el abogado Camilo Andrés Rojas Castro, quien ha representado al señor Rodríguez Fuentes y las sociedades en las que este es accionista, desde el mes de junio ya había interpuesto una denuncia por prevaricato por acción en contra del director de la ANT Juan Felipe Harman, entre otros funcionarios; pues desde el comienzo han manejado la teoría no solo de las irregularidades e ilegalidades en que se han desarrollado las enajenaciones tempranas, sino además, de la falta de competencia que tiene la Jurisdicción de Justicia y Paz sobre el señor Rodríguez, sus propiedades y sus socios.
De lo que hay que resaltar, obtuvieron un salvamento de voto por uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quien coincidió en el análisis de que los predios del señor Hugues Rodríguez no tiene por qué ser sometidos a procedimientos que son de exclusividad en su aplicación a sujetos calificados o vinculados a las AUC.
Por su parte el fallo del pasado mes de agosto emitido por el Magistrado de Justicia y Paz expone públicamente las fallas en la gestión de la ANT y del FONDO e invita a cuestionar si la «reforma» no es más que una herramienta para despojar a propietarios legítimos, evocando modelos venezolanos donde el Estado prioriza la narrativa política sobre la justicia, desconociendo derechos como el debido proceso y respeto por el principio de legalidad que toda persona tiene en territorio colombiano.
El caso de Rodríguez ilustra un patrón alarmante en Colombia: empresarios y terratenientes honrados que han aportado al crecimiento de las regiones y del país, víctimas de la guerrilla y perseguidos judicialmente sin pruebas concluyentes, ahora enfrentan expropiaciones veladas bajo pretextos de equidad social.
Mientras el gobierno presume avances en redistribución –con 186.116 hectáreas adquiridas en 2024–, críticos advierten de un riesgo a la propiedad privada, alertando sobre decretos que permiten al Estado intervenir en ventas de fincas, generando incertidumbre económica y evidencia de ello es la emisión del decreto 0888 de 2025 que permite la transferencia anticipada de activos estratégicos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pues aumenta la discrecionalidad en la entrega de bienes.
Para la Familia Rodríguez, esta batalla no es solo por la finca La América, sino por defender un legado construido con esfuerzo de más de 70 años de tradición familiar, frente a la violencia y el abuso estatal.
Su situación urge una reflexión sobre cómo las políticas populistas, lejos de sanar desigualdades, perpetúan injusticias contra quienes han resistido décadas de conflicto sin ceder al crimen. La Procuraduría y los distintos entes de control deben indagar estas irregularidades para restaurar la confianza en el sistema judicial y agrario.
Llama la atención este medio al igual que a la familia Rodríguez Fuentes, sobre la inoperancia de las autoridades Judiciales en el lamentable caso del secuestro de su hermana Margarita Rosa Rodríguez Fuentes, en el entendido que los autores intelectuales del secuestro nunca han sido vinculados a un proceso judicial y mucho menos sentenciados, por el contrario están libres, y además para nadie es un secreto que son miembros de reconocidas familias de la ciudad de Valledupar, estos individuos realizaron la logística y la negociaron con el ELN por el 20% del monto del pago del secuestro, grupo guerrillero denominado 6 de diciembre, que aun opera en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Resulta contradictorio lo que piensan y manifiestan algunos funcionarios judiciales endilgándole sin pruebas al Sr. Rodríguez, que el hecho de que el ELN secuestro y asesino a su hermana Margarita, fue el detonante para apoyar a las AUC y realizar venganza. Pues resultada errado esta apreciación de la justicia, por que si el Sr. Rodríguez Fuentes hubiese pertenecido, o tenido voz y mando ante las AUC, hubiera vengando contra los autores del secuestro de su hermana, que paradójicamente están libres disfrutando del dinero recibido por el pago de la retención.
Finalmente, resulta desalentador, como la justicia durante más de 22 años ha sido implacable injustamente contra el Sr. Hugues Rodríguez sin cesar aun la persecución, y en el caso del secuestro de hermana Margarita, los autores siguen libres gozando de impunidad. Tomado de El Expediente.co