JEP impone sanciones restaurativas a 12 exmilitares de La Popa por “falsos positivos”
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó sanciones propias de entre 5 y 8 años contra 12 exintegrantes del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, de Valledupar, tras reconocerlos como máximos responsables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.
La decisión se enmarca en el modelo restaurativo de la JEP, que busca garantizar verdad, reparación y no repetición. En este caso, los comparecientes accedieron a las sanciones luego de aceptar su responsabilidad, aportar a la verdad y comprometerse con proyectos de memoria y reconstrucción en los territorios afectados.
La magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad, resaltó que la sentencia fortalece la legitimidad de la justicia transicional: “La paz se construye desde la verdad, la reparación y el compromiso colectivo con la no repetición”.
Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, subrayó la gravedad de los crímenes cometidos, en especial contra comunidades indígenas que fueron blanco de estigmatización y violencia.
SEIS PROYECTOS RESTAURATIVOS
Los exmilitares deberán participar en iniciativas con fuerte componente comunitario, simbólico y reparador:
Memorialización en Valledupar: construcción de un mausoleo con 700 osarios y murales en el cementerio Ecce Homo.
Centro de armonización Kankuamo: adecuación de infraestructura, vías y espacios productivos.
Centro cultural y de memoria Wiwa: construcción de instalaciones, siembra de árboles y actividades de memoria.
Proyecto productivo “Sembradores de amor y paz”: fortalecimiento rural y urbano con apoyo técnico y logístico.
Casas Multipropósito “Sanando memorias”: trabajos de carpintería, albañilería y acompañamiento a talleres y actos simbólicos.
Casa cultural Nelson Enrique Romo Romero: construcción, dotación tecnológica y espacios de memoria.
La sentencia ordena a las instituciones estatales garantizar la viabilidad de estas medidas, así como la seguridad de los comparecientes y la sostenibilidad de los proyectos.