Excabecillas de las Farc aceptan sanciones impuestas por la JEP

Los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc aceptaron la sentencia proferida por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que los condenó a purgar 8 años de «sanción restaurativa» por los secuestros ejecutados bajo su mando y se declararon listos a cumplir las acciones «orientadas a reparar a las víctimas y reconstruir tejido social».

«El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años, fue un crimen de guerra que enlodó el humanismo que sostenía la ética revolucionaria que nos acompañaba. Iniciamos estas palabras reafirmando nuestra solicitud de perdón, de manera clara y directa, a todas las víctimas que sufrieron esta violencia, a sus familias y a la sociedad colombiana. El sufrimiento causado no tiene reparación plena, pero asumimos nuestra responsabilidad histórica», precisan en una declaración conjunta que emitieron tras la audiencia realizada este martes.

Afirman que aún no han sido notificados oficialmente de la decisión y anuncian que una vez se produzca la notificación formal, se pronunciarán de fondo, «como corresponde».

No obstante, reconocen que las sanciones anunciadas por la JEP «son la consecuencia de los graves crímenes cometidos durante la guerra, los cuales hemos admitido en más de 400 diligencias ante la JEP, muchas de ellas frente a las víctimas y sus representantes».

Y añaden: «Reconocemos que estas sanciones propias no son solo un mandato de la justicia para la paz, producto del Acuerdo Final de Paz, son también un compromiso ético y político con las victimas y con Colombia».

Además precisan que asumen «la obligación de cumplirlas de manera efectiva, con acciones restaurativas que aporten a la reconstrucción del tejido social y a la dignidad de quienes sufrieron».

Al mismo tiempo, admiten que aún hay discusiones pendientes con la JEP, pues subrayan que necesitan «claridad sobre la Resolución Única de Conclusiones, la solicitud de unificación de procesos, el alcance de las sanciones y la viabilidad de su cumplimiento».

Recuerdan que, en octubre de 2024, como integrantes del último secretariado de las Farc, hicieron pública «nuestra asunción de responsabilidad como máximos responsables y renunciamos expresamente a la presunción de inocencia en los hechos imputados hasta ese momento».

«Por esa razón–puntualizan–, miles de hombres, mujeres que estuvieron bajo nuestro mando, y sus familias, siguen esperando las garantías jurídicas necesarias como parte del espíritu y la letra del Acuerdo Final de Paz.

A renglón seguido precisan:

«Ahora inicia la etapa de cumplir sanciones restaurativas, previstas en el Acuerdo de Paz, con el propósito de reparar a la sociedad colombiana. Nuestro compromiso es dedicar todos los esfuerzos a realizar estas acciones que dignifiquen a las víctimas y ayuden a reconstruir el tejido social roto por la guerra y aportar a aportar a la construcción de una Colombia justa y en paz».

Así mismo declaran que con estas sanciones refrendan su «compromiso con la verdad, con las víctimas y con Colombia» y concluyen que «este es un paso más en el camino de la reconciliación: cerrar heridas abiertas por más de seis décadas para construir, entre todos, una paz estable y duradera. Estamos y seguiremos cumpliendo lo pactado».

Firman:

Rodrigo Londoño,
Pablo Catatumbo,
Pastor Alape,
Julián Gallo,
Jaime A. Parra,
Rodrigo Granda,
Milton de Jesús Toncel.

16 de septiembre de 2025.

En su veredicto promulgado la víspera, la JEP dejó en claro que la primera sentencia en el caso de secuestro sancionó a los máximos responsables de las políticas y patrones macrocriminales entre 1993 y 2012 y advirtió:

«No será la única: vendrán otras contra los responsables por bloques de la extinta guerrilla. A la fecha, 41 firmantes han sido imputados por estos crímenes y todos han reconocido su responsabilidad en los patrones documentados por la JEP».

Estableció que el último secretariado de las Farc recibe la máxima Sanción Propia por los secuestros. «Trabajará por 8 años en búsqueda de desaparecidas, acción contra minas, medio ambiente y reparación simbólica», precisó.

En el Caso 01, el tribunal estableció que ocurrió un fenómeno de macrovictimización y un daño sistémico. Se reconocieron daños sufridos por las víctimas a bienes, ingresos, salud física y mental, identidad, existencia, sexualidad, moral, ambiental y territorial.

Subrayó que tal como lo estableció el Acuerdo Final de Paz, los integrantes del Secretariado de las Farc-EP recibieron Sanciones Propias restaurativas tras dejar las armas, aportar a la verdad y reconocer su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Se trata de un hecho histórico: estos comparecientes nunca habían rendido cuentas ante la justicia ordinaria, y la impunidad por estos crímenes alcanzaba el 92%.

Los sancionados por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz, Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, realizarán trabajos, obras o actividades durante 8 años —el tiempo máximo previsto en el Acuerdo Final de Paz— para contribuir a la reparación de las víctimas.

Como parte de la sanción, inicialmente se priorizó un proyecto de búsqueda, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el cementerio de Palmira, Valle del Cauca. La JEP definió que, además de este, los comparecientes desarrollarán otros proyectos que se irán implementando progresivamente hasta cumplir la sanción.

También se priorizó un proyecto de memoria en el que los comparecientes deberán realizar relatos dignificantes que empezarán en Cali y Neiva, así como labores operativas como transcripciones, sistematización de información y apoyo en la organización de eventos orientados a la memoria y la reparación simbólica de las víctimas. Asimismo, deberán participar en obras donde se instalen dispositivos de memoria.

Los sancionados tendrán restricciones de derechos y libertades, entre ellas las relacionadas con la movilidad, la residencia y el trabajo. Deberán cumplir horarios, permanecer en los lugares determinados, estar bajo monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico y participar en los proyectos restaurativos durante el tiempo fijado en la sentencia.

Los sancionados permanecerán bajo un régimen de condicionalidad que les exige seguir aportando verdad cada vez que sean requeridos en las distintas investigaciones de la JEP a las que siguen vinculados por otros crímenes cometidos durante el conflicto.

Las obras serán monitoreadas por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Sanciones Propias, conformado por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU.

La JEP recordó que el Gobierno Nacional es responsable de garantizar los recursos y las medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento de la sanción.

Además destacó que la sección impartió órdenes adicionales a entidades estatales, entre ellas a la Unidad de Víctimas, para que reevalúe la inclusión de las víctimas en sus registros y, de ser el caso, estas puedan acceder a la reparación administrativa.

Subrayó igualmente que el proceso judicial de la JEP por los secuestros permitió reconstruir la magnitud de los crímenes imputados, la evolución de las prácticas, las dinámicas que alimentaron las atrocidades, los impactos psicosociales sufridos por las víctimas y sus familias, el daño a comunidades y territorios, así como las políticas que llevaron a su comisión.

La JEP y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en el marco de lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz, ejercerán actividades para monitorear y verificar las Sanciones Propias. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación es un espacio de articulación para coordinar, recolectar, intercambiar y analizar información sobre el cumplimiento de la sentencia y sobre las condiciones necesarias para su implementación. Apoya a la Sección de Reconocimiento de Verdad en su función de supervisar el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas por esta instancia del Tribunal. En otras palabras, la verificación de las Sanciones Propias tiene un componente judicial, un componente internacional independiente e imparcial, y la mirada de las comunidades en los territorios donde se desarrollen.

El monitoreo incluye visitas presenciales y supervisión en tiempo real mediante dispositivos electrónicos. Todo ello busca garantizar la localización y la actividad del sancionado, proteger su dignidad y aportar transparencia al cumplimiento de los dispuesto por la justicia transicional.

La JEP ordena y supervisa, pero no define procedimientos de contratación ni asume responsabilidad disciplinaria o fiscal en la administración de recursos para el cumplimiento de las Sanciones Propias. Es el Gobierno Nacional quien está obligado a garantizar los recursos y las condiciones necesarias para que los comparecientes cumplan las Sanciones Propias en condiciones de dignidad.

En ese sentido, el Ministerio de Defensa debe implementar protocolos especializados para proyectos restaurativos que aseguren la protección de víctimas, comparecientes, comunidades, servidores públicos y aliados internacionales. Dicho instrumento deberá elaborarse antes del inicio de los proyectos, presentarse a la Jurisdicción para su aprobación y difundirse dentro de la fuerza pública acompañado de la capacitación correspondiente.

Otras órdenes en favor de las víctimas

Frente a las indemnizaciones o reparaciones individuales, la JEP aclara que no hacen parte de su competencia y que no puede ordenar pagos económicos ni a comparecientes ni a entidades públicas. Esa responsabilidad corresponde a las instituciones del Estado encargadas de la reparación administrativa. Sin embargo, la Jurisdicción tiene presente que para las víctimas acreditadas sigue siendo una preocupación su inclusión en la ruta administrativa de reparación económica o material individual, pues muchas de ellas, tras el secuestro, quedaron quebradas, con deudas y sin los recursos suficientes para rehacer sus vidas. Por ello, la Sección de Reconocimiento de Verdad dispuso medidas orientadas a garantizar o a contribuir a esa reparación integral de las víctimas acreditadas.

Por eso ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) informarles a las víctimas en un plazo de 30 días sobre el estado de avance en su ruta administrativa de reparación y remitir a la Sección de Reconocimiento de Verdad reportes sobre las acciones realizadas. Además, a UARIV deberá revaluar las solicitudes de inclusión en el Registro Único de Víctimas que actualmente figuran como “no incluidas”, considerando los nuevos hechos y pruebas reconocidos en el Caso 01, y evaluar si procede el pago de indemnizaciones.

De igual manera, la sección ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras informar 90 días a las víctimas sobre el estado de sus procesos y dar prioridad a aquellos que permanecen pendientes, tanto en etapa administrativa como judicial. Asimismo, se le ordenó que priorice las solicitudes presentadas por cada una de las víctimas relacionadas en el Caso 01 y que a la fecha de notificación de esta decisión se encuentren pendientes de resolución. Con RSF