Supersalud responde a informe de la Contraloría sobre crisis de la Nueva EPS
El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano García, respondió, en un comunicado, al informe de la Contraloría General de la República sobre la crisis administrativa y financiera de la Nueva EPS, advirtiendo que las irregularidades que citó el organismo de control ya habían sido identificadas por la Supersalud.
Rubiano García afirma que la Nueva EPS lo que ha venido haciendo es un esfuerzo grande por pagar a los prestadores en todo el territorio nacional, no solamente en las ciudades. Lo que sí no hizo oportunamente fue aclarar, ante cada pago realizado, a cuáles facturas el prestador debía imputar el valor pagado.
Por esta razón, subraya, en el informe de la Contraloría lo que se denomina como anticipos, realmente son pagos a servicios ya prestados, pero no se ha dicho a cuál factura deben aplicarse.
Añade que al respecto, ordenó a la Nueva EPS un plan intensivo para que se reúna con prestadores y legalice mediante actas a qué facturas se deben aplicar los pagos que ya han recibido por servicios prestados y que figuran hasta el momento en los registros de Nueva EPS como anticipos, sin que se trate de pagos adelantados.
«En resumen, el Informe de la Contraloría llama anticipos a todos los dineros pagados que aún Nueva EPS no ha dicho a qué factura debían aplicarlos los prestadores en sus registros contables y también Nueva EPS en su propia contabilidad, sin embargo, es errado usar el término de anticipos, dado que realmente corresponden a pagos de servicios ya prestados», precisa y agrega:
Nueva EPS solo tiene que hacer con cada prestador las respectivas actas donde acuerda a qué facturas se imputaran dichos pagos y ya desaparecerá la figura del “falso anticipo”. “Orden que he dado a la nueva gerente interventora, Gloria Polanía, quien en el término de pocas semanas debe haber terminado la ronda con prestadores en todo el
territorio nacional para definir la aplicación de los pagos recibidos a unas facturas específicas”.
Dice que “se olvida la Contraloría en su informe que la EPS mantenía falencias en la integridad de los sistemas
de información, dificultando realizar un seguimiento transversal de los diferentes procesos y retrasos, especialmente en el procesamiento de cuentas médicas y posterior contabilización”.
Por otra parte, señala que existe una muy pequeña proporción, y para algunos servicios especiales con IPS de baja complejidad, en donde hay contratos tipo bolsa, sobre la cual se van prestando servicios, hasta el agotamiento de la misma. En esos contratos, que son los únicos que podrían llamarse anticipo, se ha exigido a los prestadores que realicen la respectiva legalización de los servicios prestados o devuelvan los recursos sobrantes.
Subraya que es durante la intervención que se sugirió a esta EPS implementar sistemas de información robustos que permitan el reconocimiento contable de facturas para evitar represamientos y reflejar la realidad financiera de la entidad, como los que actualmente ha implementado a través de Factramed.
Finalmente, el Superintendente afirma que la intervención no es un mecanismo caprichoso, todo lo contrario, busca garantizar el buen destino y el uso eficiente de los recursos existentes. En ese sentido, también indicó que en la intervención se pidió a esta EPS contratar un servicio de auditorías médicas más robusto y de permanente interacción
con los prestadores, aprovechando además todos los desarrollos tecnológicos que hoy en día existen en muchos prestadores y en empresas auditoras.
En su informe, la Contraloría alertó sobre falencias administrativas y financieras, y sobre presuntas irregularidades relacionadas con el incremento de anticipos, el represamiento de facturas sin auditar, el aumento de cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas.
Resaltó que el análisis preliminar detectó un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar entre las vigencias 2023 y 2024, pasando de $3,4 billones a $8,6 billones, lo que equivale al 155%, variación significativa que afecta la situación financiera de la EPS.
La Contraloría indicó que evidenció un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar en lo corrido de la vigencia 2025, pues al corte de junio se acumulan $6,6 billones adicionales frente al total reportado durante la vigencia 2024, pasando de $8.6 billones a $15.27 billones, situación que compromete la liquidez institucional y aumenta el riesgo de un posible detrimento patrimonial, especialmente aquellos que superan los 2 años por valor de $143 mil millones.
Con corte a junio de 2025, se encontró un saldo elevado de anticipos pendientes por legalizar por $5,7 billones correspondiente a la vigencia 2024, lo que evidencia que una parte significativa de los recursos girados en ese periodo aún no han sido legalizados, precisó.
Del reporte total de facturas pendientes por procesar entregado por la EPS, afirmó que se encontró que a la fecha existen 22.737.247 de registros por un valor de $22,1 billones. Ahora bien, al realizar la verificación inicial se identificaron 9.155.060 facturas de servicios de salud repetidas, cuyo valor asciende a $8,9 billones, por consiguiente, al excluir los registros repetidos, existen facturas por valor de $13.2 billones pendientes por procesar.
Del valor de las facturas pendientes por procesar, el 37.1% corresponde a la vigencia 2024 y el 59.9% restante al primer semestre de 2025, esto indica que el 97% de las obligaciones reportadas aún no ha sido sometida a revisión por parte de la EPS.
Estas circunstancias generan inconsistencias contables y financieras, debido a la falta de verificación de aspectos fundamentales como la pertinencia del costo, el cumplimiento contractual y la validez de los soportes, puntualizó.
Por otra parte, el análisis preliminar encontró que en 36 prestadores de salud (de una red de más de 2.700) se concentra el 40% del valor total pendiente por procesar, equivalente a $5.2 billones, lo que eleva significativamente el riesgo fiscal en caso de presentarse incumplimientos o litigios.
La Contraloría identificó que las cuentas por pagar con corte a marzo de 2025 presentan un valor acumulado de $21.37 billones, cifra que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la EPS y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, toda vez que su cobertura es de aproximadamente el 22% de la población afiliada. Se destaca que existen $10.5 billones de anticipos pendientes por legalizar y $8.7 billones en facturas pendientes por procesar.
Esta tendencia refleja un desequilibrio entre ingresos y egresos, que podría llevar a restricciones en la prestación de servicios y afectar la estabilidad financiera de la entidad.
La Contraloría identificó con corte a diciembre de 2024 una subestimación en la constitución de la reserva técnica no liquidada y liquidada por valor de $11.1 billones, así como falta de soporte de autorizaciones y de facturas en el detalle de las reservas técnicas.
La delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS, evidencia riesgos de deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. El creciente endeudamiento, el aumento de anticipos no legalizados y la tardanza en el procesamiento de la facturación, constituyen señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios de salud.
Esta alerta será remitida a la Contraloría Delegada para el Sector Salud para que determine los procedimientos de control fiscal consecuentes; entre ellos, la determinación de responsabilidad fiscal. De manera paralela, dará traslado en su oportunidad a las autoridades competentes en lo que atañe a las responsabilidades disciplinarias y penales. Con RSF