Petro respondió las críticas por la crisis en el sistema de salud culpanddo a Uribe Vélez
La periodista Sandra Chindoy cuestionó al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la red social X por la declaración de Estado de Emergencia Social durante su Gobierno ante la falta de recursos para el sector salud en Colombia.
Ante este señalamiento, el presidente Gustavo Petro intervino en la conversación y afirmó que la crisis del sistema de salud tiene origen en la decisión de entregar la administración de los recursos a actores privados.
Petro sostuvo que esta medida terminó por vulnerar el derecho fundamental de la ciudadanía a acceder a un sistema de salud adecuado y expresó: “Siempre ha sido así, porque fue un gran error poner recursos públicos en manos de particulares de manera tan cuantiosa y con un fin tan serio como la vida humana”.
El 8 de septiembre de 2025, la Contraloría entregó el informe donde se explican las falencias de la Nueva EPS y las arbitrariedades que se han cometido con la administración de los recursos.
Al conocer la anterior información, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó a las declaraciones de Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud del Gobierno de Iván Duque -en las que evidencia alarmantes cifras de déficit patrimonial cercano a 6,7 billones de pesos negativos en 2024, con la proyección de que esa cifra podría superar los 9 billones negativos al cierre de este año-.
“Este Gobierno neo comunista quebró la salud, dolosamente, por odio a que no fuera del monopolio estatal. El único camino es un nuevo Gobierno que garantice presencia privada, participación mixta, solidaridad, opciones para el usuario y transparencia”, escribió el líder del Centro Democrático.
Hallazgos de la Contraloría tras investigación a la Nueva EPS
Un reciente operativo de la Contraloría General de la República sobre la Entidad Promotora de Salud NUEVA EPS reveló una situación crítica en sus finanzas: los anticipos pendientes por legalizar se incrementaron en un 155% entre 2023 y 2024, pasando de $3,4 billones a $8,6 billones. Además, solo en el primer semestre de 2025, se sumaron $6,6 billones adicionales, elevando el monto a $15,27 billones, de acuerdo con información oficial difundida por la Contraloría.
La actuación de recaudo de información, realizada en julio de 2025, abarcó los años 2022, 2023, 2024 y el primer semestre de 2025, tras detectarse la falta de estados financieros certificados de la entidad y vacíos en los sistemas de información gestionados por la Superintendencia Nacional de Salud. Durante el proceso, la Contraloría recabó 4.524 archivos que documentan áreas claves como el componente técnico-asistencial, administrativo, jurídico y financiero de la EPS.
En el análisis preliminar de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), se evidenciaron presuntas irregularidades asociadas no solo a la legalización de anticipos, sino también al manejo de la facturación, la contratación y la constitución de reservas técnicas. Entre los datos más destacados, consta que “con corte a junio de 2025, se encontró un saldo elevado de anticipos pendientes por legalizar por $5,7 billones correspondiente a la vigencia 2024, lo que evidencia que una parte significativa de los recursos girados en ese periodo aún no han sido legalizados”, según las conclusiones de la Contraloría.
El informe también alerta sobre más de 22,7 millones de facturas de servicios de salud sin revisión ni validación, por un valor de $22,1 billones. Tras depurar registros repetidos, el valor pendiente disminuye a $13,2 billones, con el 97% de estas obligaciones aún sin auditar por la EPS. En 36 prestadores de salud —de una red que supera los 2.700— se concentra el 40% de ese monto, es decir, $5,2 billones.
Durante el operativo, la Contraloría señaló que la Nueva EPS no acreditó la capacidad tecnológica suficiente para garantizar la calidad de los datos de gestión de recursos de la salud, pese a las exigencias normativas sobre sistemas de información.
Respecto a la contratación, se detectaron omisiones graves: la entidad no entregó soportes contractuales que comprueben el cumplimiento de los mínimos legales para los acuerdos de voluntades con su red de prestadores, según las disposiciones del Decreto 441 de 2022. En varias carpetas, faltaban copias de contratos, notas técnicas y anexos obligatorios.
Además, la auditoría fiscal identificó que las cuentas por pagar de la Nueva EPS alcanzaron $21,37 billones al corte de marzo de 2025, poniendo en entredicho su sostenibilidad financiera y la del Sistema General de Seguridad Social en Salud, considerando que la EPS cubre aproximadamente al 22% de la población afiliada.
La Contraloría también advirtió una subestimación de $11,1 billones en reservas técnicas a diciembre de 2024, junto a la ausencia de soportes sobre autorizaciones y facturas en su respaldo.
De acuerdo con la Contraloría General de la República, la “delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS evidencia riesgos de deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. El creciente endeudamiento, el aumento de anticipos no legalizados y la tardanza en el procesamiento de la facturación constituyen señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios de salud”. Con Infobae