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Nacional

En nueva asonada secuestran a 45 militares; Petro pide su inmediata liberación

El comando de la Tercera División del Ejército Nacional confirmó que en el marco de la Operación Perseo II, desarrollada en el cañón del Micay, Cauca, fueron secuestrados 45 uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, en desarrollo de una asonada en horas de la tarde de este domingo, en la vereda Los Tigres, corregimiento de San Juan de Micay, municipio de El Tambo.

El presidente Gustavo Petro pidió la liberación de los uniformados:

Como ha sucedido en pasadas asonadas, aproximadamente 600 personas, «presuntamente en connivencia» con integrantes de la estructura criminal Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, «obstaculizaron el despliegue de las tropas con el propósito de impedir el cumplimiento de sus funciones en la zona, indicó el mando militar en un comunicado.

Añadió que esta acción habría tenido como objetivo favorecer el control de rutas utilizadas para el narcotráfico y la minería ilegal.

«Como resultado de este hecho, 45 uniformados permanecen privados de la libertad bajo la modalidad de secuestro», puntualizó.

El comando de la Tercera División del Ejército afirmó que estos hechos representan graves violaciones a los derechos fundamentales y a la Constitución, pues constituyen delitos que se encuentran descritos en el Código Penal (Ley 599 de 2000), entre ellos, secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública.

«En consecuencia, el Ejército Nacional interpondrá las denuncias e iniciará las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes, con el fin de esclarecer lo sucedido», precisó.

De igual forma, instó a las comunidades a aportar información que conlleve a la identificación y posterior judicialización de los responsables de esta acción delictiva.

Igualmente la Tercera División del Ejército Nacional exhortó «al respeto por las instituciones del Estado y rechaza categóricamente la utilización y constreñimiento de las comunidades».

Además, hizo un llamado a los organismos internacionales defensores de derechos humanos para que unan sus voces al rechazo contra estos grupos al margen de la ley, que continúan delinquiendo, atemorizando a las comunidades más vulnerables y fortaleciendo sus actividades mediante economías ilícitas derivadas del narcotráfico.

Finalmente indicó que el Ejército Nacional mantiene presencia en la zona, adelanta gestiones para restablecer el orden y asegurar el regreso del personal secuestrado, reiterando su compromiso con la protección de la población civil y el respeto por los derechos humanos.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez, también exigió la liberación inmediata de los uniformados, tras condenar el secuestro de los 45 uniformados. «Unas 600 personas estarían participando en este delito y en la obstrucción de la función pública, delitos promovidos también por las disidencias del cártel del narcotráfico de alias Mordisco», precisó en su cuenta en X.

Y añadió: «¡No puede suceder esto con quienes protegen a Colombia! Se trata de un grave delito, tanto por la acción directa de quienes participan en él, como por las amenazas y presiones de las disidencias de alias ‘Mordisco’ a la población. Lo que hace el cartel de alias Mordisco, es una muy grave violación al Derecho Internacional Humanitario, es un delito de lesa humanidad que no prescribe y será perseguido por toda la justicia internacional».

El ministro indicó que «de la mano de la comunidad se avanza en la identificación de las personas que han participado en esta acción delictiva, con el fin de individualizarlas y llevarlas ante la justicia».

Destaca finalmente que la Fuerza Pública mantiene presencia en la zona para apoyar la transformación de las economías ilícitas y desmantelar los grupos criminales, respetando siempre los derechos humanos y DIH» y subraya que igualmente se adelantan todas las acciones necesarias para garantizar los derechos humanos de los uniformados.

En junio pasado, 57 militares también fueron retenidos en el mismo municipio de El Tambo. Los uniformados fueron liberados días después tras una gestión humanitaria de organizaciones defensoras de Derechos Humanos. Con RSF

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