Procuraduría y la Defensoría condena salvaje ataque contra militares en el Putumayo
El Procurador General, Gregorio Eljach, en su cuenta en X condenó este jueves «el repudiable hecho registrado en en la vereda Siloé de Villagarzón, en Putumayo, donde un subteniente y un soldado fueron rociados con gasolina y posteriormente les prendieron fuego».
Eljach señala que la Procuraduría General de la Nación acompañará acciones para atender la situación y garantizar la seguridad de los uniformados que adelantaban acciones contra el narcotráfico.
Además indica: «urgen acciones para garantizar integridad de la fuerza pública y la comunidad».
En la misma red social se manifestó la Defensora del Pueblo Iris Marín, quien rechazó «de manera categórica y
enérgica» los hechos ocurridos en la vereda Siloé, en Villagarzón (Putumayo) y pidió un alto en el proceso de paz «hasta no lograr un compromiso del grupo armado de repudio de estos hechos y compromisos de no repetición».
En su comunicado, Marín reseña que según el reporte recibido, durante operaciones militares, un grupo de civiles, bajo presión y constreñimiento de los «Comandos de la Frontera – CDF», de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, habría prendido fuego a dos integrantes del Ejército Nacional. Como resultado, un oficial y un soldado sufrieron quemaduras de gravedad».
Además de expresar su solidaridad con los uniformados heridos y con sus familias, la funcionaria afirma que «estos hechos son intolerables» y puntualiza:
«En la medida en que el grupo armado ilegal adelanta una mesa de diálogo de paz con el Gobierno Nacional, hemos pedido al Gobierno hacer un alto en el proceso hasta no lograr un compromiso del grupo armado de repudio de estos hechos y compromisos de no repetición».
Subraya que «este accionar contraviene los principios de buena fe y el compromiso con el desescalamiento de la violencia, así como compromisos básicos de humanidad».
Finalmente exhorta a las autoridades competentes a investigar lo ocurrido. «Todos estos hechos están siendo verificados en el monitoreo de la Defensoría del Pueblo», concluye. Con RSF