El presupuesto de la Defensoría del Pueblo no debería recortarse: HRW
Los recortes presupuestales propuestos por el Gobierno para la Defensoría del Pueblo de Colombia serían un duro golpe para la protección de los derechos humanos en el país, afirmó este lunes Human Rights Watch.
La Defensoría solicitó un aumento presupuestario modesto para 2026, en parte para compensar la tasa de inflación cercana al 5 % anual, y para ampliar su labor ante el recrudecimiento de los problemas de derechos humanos en Colombia.
A pesar de ello, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2026 presentado por el gobierno de Gustavo Petro recortaría la financiación de la Defensoría en hasta un 3 % en comparación con 2025. Esto supondría un déficit de 32,3 millones de dólares, lo que representa un 9,7 % menos del monto que la Defensoría considera necesario para funcionar eficazmente en 2026. También se recortarían en un 30 % de sus “recursos de inversión”, es decir, aquellos necesarios para ampliar sus operaciones.
“En medio del aumento de la violencia de los grupos armados, los recortes en la asistencia internacional y con unas elecciones cruciales el proximo año, es fundamental que la Defensoría del Pueblo cuente con los recursos que necesita para llevar a cabo su labor”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
“Al reducir la capacidad de la Defensoría del Pueblo en un momento crítico, el gobierno y el Congreso de Colombia están socavando las herramientas del Estado para proteger a la población frente a violaciones de derechos humanos”.
La Defensoría del Pueblo se creó en 1991 como organismo independiente encargado de promover y proteger los derechos humanos.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo ante la Cámara de Representantes que el recorte presupuestal impediría a la Defensoría aumentar su capacidad para monitorear las amenazas a los derechos humanos relacionadas con las elecciones de 2026 e implicaría una reducción en la capacidad de monitoreo de los asesinatos de defensores de derechos humanos. También dijo que afectaría al Sistema de Alertas Tempranas, una unidad de la Defensoría encargada de monitorear riesgos para la población civil relacionados con el conflicto armado y debilitaría los esfuerzos para prevenir los abusos.
En 2026, Colombia celebrará elecciones legislativas y presidenciales. La campaña electoral ya se ha visto empañada por el asesinato del congresista y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En las últimas elecciones locales de 2023, la Misión de Observación Electoral documentó 176 actos de violencia contra candidatos, incluyendo 6 asesinatos.
Colombia es uno de los países con más defensores de derechos humanos asesinados en el mundo. Al menos 1.500 han sido asesinados desde 2016, según la Defensoría del Pueblo. Esta institución monitorea los riesgos que enfrentan y los abusos que sufren los defensores de derechos humanos y contribuye a mejorar las políticas de protección.
Las condiciones de seguridad en el país se están deteriorando debido a la escalada del conflicto armado y el crimen organizado, dijo Human Rights Watch.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), 1,45 millones de personas se vieron afectadas por la violencia en Colombia durante el primer semestre de 2025, cuatro veces más que durante el mismo periodo en 2024. Más de 70.200 personas han sido desplazadas forzosamente, un 30 % más que en todo 2024. Los confinamientos, es decir, las restricciones a la circulación de las personas debido a combates o amenazas, aumentaron un 44 % en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024. Según el Ministerio de Defensa, los homicidios aumentaron un 3,1 % y los secuestros un 53 % durante el mismo periodo.
Al mismo tiempo, los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos humanos y monitorean la violencia relacionada con el conflicto armado se han visto gravemente afectados por los recortes en la asistencia internacional, especialmente por parte de los Estados Unidos.
En junio de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia anunció el despido de casi la mitad de su personal y el cierre de tres oficinas en zonas afectadas por el conflicto armado. Los programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), como InspiraPaz, una iniciativa de 20 millones de dólares para prevenir y abordar las violaciones de derechos humanos en zonas de conflicto, han sido suspendidos desde que el gobierno de los Estados Unidos redujo en gran medida la labor de USAID.
“Debilitar la Defensoría del Pueblo en este momento minaría la capacidad de Colombia para proteger a la población y responder a los crecientes desafíos en materia de derechos humanos”, afirmó Goebertus. “Si la defensa de los derechos humanos es una prioridad para el gobierno colombiano, debería reflejarse en su asignación presupuestaria”. Con RSF