Revelan resultados de la inspección realizada a la Cancillería por el prófugo Carlos Ramón González
Más de 600 correos revisados y la declaración de un funcionario de la embajada de Colombia en Nicaragua forman parte de las diligencias cumplidas por la Procuraduría General de la Nación durante los tres días de inspección al Ministerio de Relaciones Exteriores, a donde llegó intentando establecer si hubo o no colaboración de funcionarios para tramitar la residencia de Carlos Ramón González Merchán en el país centroamericano.
En las más de 20 horas de tareas realizadas en la Cancillería, el equipo del ente de control recopiló circulares, manuales de protocolos y de servicio, entre otros documentos, en los que se incluye el cruce de correos de junio de 2024 y hasta la fecha, entre funcionarios y exfuncionarios de la embajada de Colombia en Nicaragua y el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluidos los de la canciller, Rosa Villavicencio, excancilleres y viceministros.
En el marco de la diligencia, la Procuraduría asumió la actuación que adelanta la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores contra funcionarios por determinar para esclarecer la situación.
La inspección del ente de control se da luego que la Sala de Instrucción Disciplinaria de La Procuraduría iniciara indagación previa con el propósito de aclarar si se dieron trámites o procedimientos desde la embajada o Cancillería Colombiana para que González Merchán obtuviera la cedula de residencia, residencia y permiso de ingreso por parte del gobierno de Nicaragua.
El pasado 21 de mayo, en audiencia realizada ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González Merchán, como presunto responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el exfuncionario, en ejercicio de su cargo, habría ordenado al entonces director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, orientar la contratación en la entidad en beneficio del expresidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez; y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, para que impulsaran en el Congreso de la República la aprobación de proyectos que tramitaba el Gobierno nacional.
Posteriormente, González Merchán impartió instrucciones al exdirector de la UNGRD para que, a cambio de contratación, se comprometiera a entregarles dinero en efectivo a los dos congresistas, que saldría de una orden de proveeduría que contemplaba el abastecimiento de carrotanques para las comunidades de La Guajira.
Dichas coimas se materializaron en octubre del mismo año. Con la intermediación de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, se le hicieron llegar 3.000 millones de pesos al congresista Name Vásquez en Bogotá. Por su parte, Pinilla Álvarez se trasladó a Montería (Córdoba) y le entregó 1.000 millones de pesos al representante Calle Aguas.
Durante la audiencia, el exdirector del DAPRE no aceptó los cargos formulados por el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que lidera la investigación por los actos de corrupción en la UNGRD.
Posterioirmente, el 3 de julio, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión contra Carlos Ramón González Merchán, tras ser imputado por conductas de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, cargos que no aceptó.
El magistrado libró orden de captura en contra de González Merchán luego de atender la petición de la Fiscalía mediante la cual sustentó que el procesado podría interferir en la investigación con la afectación a otros intervinientes y su posible no comparecencia en las próximas etapas del proceso penal. Con RSF