Ordenan arresto del presidente del Concejo de Valledupar
El Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías, sancionó al presidente del Concejo de Valledupar, Wilber Hinojosa Borrego, con 10 días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (aproximadamente $6,5 millones), por incumplir un fallo de tutela.
La medida fue adoptada por la juez Laura Inés Maestre Lacouture en el marco del incidente de desacato radicado bajo el número 20001-40-71-002-2025-00141-00. La orden judicial será remitida en consulta a un superior funcional para su revisión, pero no admite impugnación directa.
El arresto deberá ser ejecutado por la Policía del Cesar, que determinará el lugar de cumplimiento, mientras que el cobro de la multa quedará a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
El caso se relaciona con un fallo de tutela proferido el 23 de mayo de 2025 y confirmado en segunda instancia el 2 de julio de 2025, que protegió los derechos fundamentales de Jesús Alberto Perpiñán Cárdenas, aspirante a ocupar una curul en el cabildo local tras la vacancia temporal declarada en febrero de 2024 por motivos de salud del concejal Cristian José Moreno Villamizar.
La orden judicial exigía al presidente del Concejo adoptar una decisión de fondo sobre si mantener la vacancia temporal o declararla absoluta, a partir de un concepto de rehabilitación desfavorable emitido por la EPS Sanitas, el cual señalaba que Moreno presentaba una incapacidad grave y permanente.
No obstante, Hinojosa Borrego no expidió ningún acto administrativo, argumentando que necesitaba un dictamen adicional de la administradora de pensiones Porvenir. Para la juez, esta actuación fue “omisiva, caprichosa y dilatoria”, al considerar que el concepto de la EPS era suficiente para proceder.
Además de la sanción, el despacho judicial compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación – Seccional Cesar, para que investigue posibles conductas penales, y a la Procuraduría Regional del Cesar para un control disciplinario.
La juez recalcó que el incidente de desacato no busca solo imponer sanciones, sino garantizar el cumplimiento efectivo de las tutelas, y señaló que el presidente del Concejo sigue obligado a materializar la orden judicial en favor de Perpiñán Cárdenas.