“No soy el victimario de ustedes”: coronel (r) Publio Mejía no aceptó los cargos
Con la presentación de los alegatos de conclusión por parte del fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, los representantes de víctimas y la defensa, finalizó la fase de Juicio Adversarial Transicional contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa.
La audiencia, desarrollada este martes en Valledupar, marcó el cierre de un proceso judicial que se activó luego de que el compareciente no reconoció responsabilidad frente a los hechos que le imputó la Sala de Reconocimiento de Verdad en 2021, en el marco del Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Al finalizar la jornada, la magistrada Reinere Jaramillo, quien preside el juicio, concedió el uso de la última palabra al acusado, quien no aceptó los cargos. Ante este escenario, ahora la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad deberá emitir la sentencia en los próximos 60 días hábiles, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 1922 de 2018.
“Honorables magistrados, gracias por las garantías y por la forma en que adelantaron este juicio. Distinguida audiencia, víctimas, no soy su victimario. Hubiera sido fácil decir: ya pagué ocho años, acepto. Pero entre hacer lo que me conviene y hacer lo correcto hay una diferencia muy grande. En estos 19 años perdí mi carrera, estuve 10 años en prisión preventiva, perdí todo lo que más he querido; me aporrearon, me maltrataron a mí y a mi familia; me cerraron todas las posibilidades laborales. Me llevaron a La Picota estando uniformado como coronel. Ha sido un viacrucis. Pero después de haber perdido todo, me quedan tres cosas: una, la verdad; dos, mi honor de soldado de Colombia; tres, mi dignidad ciudadana. Y eso no es negociable. No acepto los cargos”, dijo en la audiencia.
En la sentencia, la magistratura definirá si el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez es declarado responsable o no de los crímenes por los que fue acusado.
Será una decisión judicial sustentada en las pruebas, los testimonios y los alegatos presentados a lo largo del juicio. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de privación efectiva de la libertad tal como lo establece la constitución y la ley.