Universidad Popular del Cesar responde a declaraciones del Secretario de Transparencia
En un pronunciamiento público, la Universidad Popular del Cesar, respondió a las declaraciones realizadas por el Secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien señaló presuntas anomalías en los procesos contractuales y administrativos de la institución. La Universidad consideró necesario aclarar varias de las afirmaciones por contener “imprecisiones que afectan la imagen institucional”.
La Universidad señaló que, en virtud de su carácter de universidad estatal, se rige por un régimen especial de contratación basado en el Derecho Privado, tal como lo establece el artículo 93 de la Ley 30 de 1992. Añadió que su marco normativo está contenido en el Acuerdo No. 021 del 30 de septiembre de 2024, por lo que no le aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
En cuanto a la supuesta falta de transparencia en la contratación, la Universidad afirmó que todos los contratos han sido publicados en su página web oficial y en la plataforma SECOP II, incluyendo las etapas del proceso. Señalan que esta práctica es conforme con su Estatuto de Contratación y permite verificar cada contrato, incluso los señalados por el secretario.
Respecto a los cuestionamientos sobre presuntos sobrecostos en la compra de equipos tecnológicos, la UPC aseguró que no se especificaron los contratos ni las fechas, por lo que no es posible responder puntualmente. Sin embargo, la administración actual afirmó tener controles estrictos para verificar los precios, con apoyo de un equipo interdisciplinario, y reiteró su disposición a entregar documentos y soportes que sean requeridos.
La institución fue enfática en aclarar que no ha iniciado ningún proceso contractual relacionado con estudios o diseños para el Bloque J. Señalaron que la única actuación fue informar al Ministerio de Educación sobre la necesidad del proyecto, y autorizar su contratación a través de FINDETER, entidad que actualmente lidera el proceso bajo un convenio interadministrativo.
Frente a las insinuaciones sobre uso indebido de recursos en una “Escuela de Perfeccionamiento Académico” dirigida por Esmelin Romero Ramírez, presunto hermano del rector, la Universidad explicó que dicha Escuela hace parte de su estructura académica y cumple funciones esenciales para el acceso de estudiantes. Indicaron que es autosostenible, genera utilidades y que el director no maneja recursos. Además, Romero es funcionario de planta desde hace más de 23 años, mucho antes de la actual rectoría.
Sobre el contrato de suministro para el Centro Biomédico del programa de Licenciatura en Educación Física, la Universidad aclaró que la fecha de finalización no fue el 21 de abril como se indicó, sino el 20 de mayo de 2024. Explicaron que, al tratarse de un contrato de suministro, su ejecución se refleja en un solo día, lo cual explica el “avance 0%” si la verificación se hizo antes de la entrega.
Finalmente reiteraron su disposición a colaborar con todas las autoridades, pero solicitó que se maneje la información con rigurosidad, para no afectar el proceso de recuperación de su imagen institucional ni desprestigiar el trabajo de sus miembros.