Secretaría de Transparencia solicita intervención urgente en la UPC por presuntas irregularidades
En una rueda de prensa realizada este lunes, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, solicitó formalmente al Ministerio de Educación considerar una intervención inmediata a la Universidad Popular del Cesar (UPC), debido a un amplio conjunto de irregularidades administrativas, financieras y contractuales detectadas en los últimos cuatro meses.
La solicitud surge tras el análisis de múltiples denuncias ciudadanas que alertaron sobre posibles actos de corrupción y manejo indebido de recursos públicos al interior de la institución. Idárraga fue enfático al afirmar que las evidencias recopiladas “ameritan que el Ministerio tome acciones directas a través de su Dirección de Inspección, Vigilancia y Control”.
Entre las anomalías detectadas se encuentran nombramientos sin cumplimiento de requisitos legales por parte del rector, en contradicción con decisiones del Consejo Superior Universitario. También se reportan posibles sobrecostos superiores al 60% en contratos de adquisición tecnológica, especialmente en la compra de computadores y otros equipos. Las denuncias vinculan a personas cercanas al rector, como Álvaro Iglesias Ibarra y Orlando Zeoanes Lerdo.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la falta de publicación de contratos celebrados con recursos públicos, en contravía de las normas de transparencia.
Se identificaron 169 contratos y órdenes contractuales sin la debida divulgación. De estos, 161 vulneraron los principios de publicidad y selección objetiva.
Ocho de estos contratos de obra, asociados a sedes en Aguachica y Valledupar, superan en conjunto los 15 mil millones de pesos. Entre los contratos destacados se encuentran: Contrato de obra 042-2024: $7.842 millones. Contrato de obra 031-2024: $2.990 millones. Contrato de obra 026-2024: $395 millones. Contrato de obra 025-2024: $1.067 millones. Contrato de obra 023-2024: $1.551 millones. Contrato de obra 020-2024: $675 millones. Contrato de obra 007-2024: $2.542 millones, Contrato de obra 005-2024: $3.532 millones.
En el análisis financiero, la Secretaría halló subcuentas bancarias con cifras sobrestimadas y subestimadas sin justificación contable. Una de las cuentas de ahorro presenta una sobrestimación superior a los $11.956 millones, mientras otra muestra una subestimación de más de $5.538 millones. Además, se detectaron inconsistencias en el registro de pagos por estampillas territoriales, sin conciliaciones adecuadas en las cuentas institucionales.
Otro hallazgo crítico involucra al contrato 021 de 2023, firmado con la empresa Didactilus por $744 millones para dotar un centro biomédico del programa de Educación Física.
Pese a que se giró un anticipo del 50% ($372 millones), a la fecha el contrato registra un avance del 0%. El plazo de ejecución venció el 21 de abril de 2024, sin evidencia de cumplimiento.
Finalmente, la Secretaría alertó sobre posibles irregularidades en la construcción del bloque J de la universidad. La empresa encargada de los estudios del bloque F denunció que estos fueron utilizados sin autorización, lo que podría constituir un caso de plagio. A pesar de que los estudios no fueron legalmente contratados ni validados, se abrió una licitación para la construcción de la obra con un valor ya definido: más de $32.000 millones.
Esto resulta inexplicable para la Secretaría, ya que los costos de una obra no pueden establecerse sin estudios técnicos previos. El contrato está bajo revisión por parte de Findeter, entidad que expresó su preocupación y se negó a asumir responsabilidad por estos documentos.
La Secretaría de Transparencia trasladará estos hallazgos a la Procuraduría General de la Nación.