Alerta temprana en Chiriguaná por accionar de grupos armados
Ante la grave situación de violencia derivada de las estrategias de control social y dominio territorial que el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han puesto en marcha en Chiriguaná, la Defensoría del Pueblo acaba de emitir la Alerta Temprana 009 de 2025 para ese municipio del Cesar. La disputa por el territorio entre las dos estructuras puede llevar a una confrontación armada, que vulneraría los derechos fundamentales, como a la vida, libertad, integridad y seguridad, de su población urbana y rural.
Adicionalmente, en Chiriguaná hace presencia el Frente 41 Cacique Upar, disidente de las extintas Farc que no formaría parte de ningún grupo mayor de las actuales disidencias con resonancia nacional; tendría interés en consolidarse en el lugar. Y a lo mencionado se suma el hecho de que grupos delictivos organizados tienen conexiones con estructuras del crimen de alto impacto.
Estas dinámicas afectan seriamente a la población civil, la expone a homicidios selectivos, desplazamientos forzados, amenazas, cobro de extorsiones y restricciones a la movilidad y libertad. Las poblaciones más vulnerables a la actual situación son las personas socialmente estigmatizadas, pescadores ancestrales artesanales, el campesinado, afrodescendientes, personas que ejercen liderazgos sociales, defensoras y defensores de derechos humanos e integrantes del pueblo indígena Zenú.
Entre febrero del 2023 y enero del 2025, la Defensoría tuvo conocimiento de al menos 20 homicidios en Chiriguaná. De estos, 11 son atribuidos al EGC (como método de la mal llamada ‘limpieza social’), cinco fueron cometidos en contextos de criminalidad, de tres sería responsable el ELN (cuyas víctimas fueron un exmilitar, un ex-Farc y, presuntamente, un exparamilitar) y uno tendría como autor a un grupo disidente (la víctima, un exparamilitar).
El municipio, con una población de 32.291 habitantes (19.041 en el área urbana y 13.250 en la zona rural), comparte con la Jagua de Ibirico las ecorregiones estratégicas de la Serrranía del Perijá, de alta atracción para los intereses ilícitos de los grupos armados ilegales. El riesgo está para su zona urbana y sus corregimientos Poponte, veredas; Rinconhondo, con ocho veredas; La Aurora, con cinco veredas, y La Sierra, con 11 veredas.
Dado el nivel de riesgo extremo, la Defensoría del Pueblo les formuló 31 recomendaciones a los entes estatales competentes, como los Ministerios del Interior y de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Chiriguaná, entre otros, con el propósito primario de que pongan en marcha acciones urgentes, bajo la perspectiva de derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH).
Las recomendaciones, contenidas en el documento de prevención y advertencia, parten de nueve enfoques: coordinación de la respuesta rápida, acciones de paz para la prevención, disuasión del contexto de amenaza con enfoque de seguridad humana y protección para las comunidades, investigación y acceso a la justicia, medidas de prevención y protección, medidas para la asistencia y acción humanitaria integral, acciones de política pública para la mitigación y superación de vulnerabilidades sociales, fortalecimiento comunitario y organizativo, así como acompañamiento y gestiones preventivas del Ministerio Público.
Mitigar los riesgos, brindar la atención humanitaria necesaria e impulsar medidas que aporten al desarrollo económico, territorial y de inclusión socioterritorial —para disminuir las brechas de inequidad y las vulnerabilidades de la población y fortalecer la presencia institucional— se hace perentorio, partiendo de los principios de subsidiariedad, complementariedad, coordinación y concurrencia.