Iniciaron audiencias de sanción contra exmilitares del Batallón La Popa, por ‘falsos positivos’
La Jurisdicción Especial para la Paz, dio inicio en Valledupar la Audiencia Pública de Verificación del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, un espacio sin precedentes en el que víctimas, comparecientes de la fuerza pública y más de 40 instituciones del Estado se reúnen para avanzar en una nueva forma de hacer justicia.
Esta diligencia del Tribunal para la Paz de la JEP no solo abre la puerta a la primera sentencia con contenido restaurativo, sino que representa una apuesta colectiva por articular acciones reales orientadas a garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.
Durante este jueves y viernes, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad verificará si se cumplieron las condiciones judiciales y técnicas necesarias para emitir la sentencia e imponer Sanciones Propias a 12 antiguos integrantes del Batallón de Artillería La Popa, quienes reconocieron responsabilidad y aportaron verdad sobre 135 asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas como falsas bajas en combate en Cesar y La Guajira entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005. Se trata del paso previo a la emisión de la sentencia y a la definición de su situación jurídica.
Más de 200 víctimas acreditadas, autoridades étnicas y 40 entidades del Estado participan en esta audiencia, que marca un momento clave en la etapa de juicio de este subcaso. En ella se verifica el camino recorrido por los comparecientes en su condición de máximos responsables. Este momento es el resultado de un proceso dialógico y restaurativo, en el que se identificaron patrones macrocriminales, se reconocieron los daños causados y se priorizaron los proyectos que se podrían incorporar como parte del componente reparador de la sanción.
El primer día se verificarán los aportes a la verdad realizados por cada compareciente de la fuerza pública. A partir de un trabajo previo de solicitud y contrastación de información al interior de la JEP y de otras entidades del Sistema Integral para la Paz (SIP), la magistratura presentará los contenidos de los documentos allegados por cada compareciente. El objetivo es constatar lo aportado hasta esta etapa procesal y, de ser necesario, adoptar las decisiones correspondientes para satisfacer las demandas de verdad que aún persisten en las víctimas. Esta verificación ratificará el compromiso de los comparecientes y su responsabilidad con las víctimas y con la sociedad para que lo que ocurrió no se repita.
El segundo día se centrará en la verificación de las formas de contribución a la reparación, en el marco del Sistema Integral para la Paz. Es decir, la Sección de Reconocimiento de Verdad expondrá las acciones que los comparecientes de la fuerza pública han desarrollado hasta el momento y los compromisos que asumirán para contribuir a la reparación de los daños causados.
La diligencia busca asegurar que las Sanciones Propias que impondrá el tribunal, una vez se emita la sentencia, cumplan con los requisitos legales necesarios para su implementación, pero también que sean viables, sostenibles y efectivas. El propósito es claro: que estas sanciones se traduzcan en compromisos reales, capaces de transformar el daño causado en acciones concretas de reparación para las víctimas, las comunidades y los Territorios.
Al mismo tiempo, la audiencia permitirá verificar el avance, la viabilidad y la pertinencia de los nueve proyectos restaurativos a los que se vincularían los comparecientes como parte de su sanción. Estas iniciativas surgieron del diálogo directo con las víctimas, quienes expresaron cómo entendían una reparación que responda a sus necesidades, sus dolores y sus apuestas de futuro. Las entidades del Gobierno convocadas presentarán los compromisos institucionales que asumirán para garantizar la implementación y sostenibilidad de estos proyectos.
El presidente de la JEP, el magistrado Ramelli, destacó la importancia de realizar esta audiencia en la Costa Caribe, de la mano de los consejos comunitarios afrocolombianos y las autoridades indígenas Wiwa y Kankuama. “Estamos trayendo justicia por crímenes atroces cometidos contra la población civil, que atropellaron de manera particular a estos pueblos, sus creencias, sus estilos de vida, sus proyectos. Trabajamos para que las sanciones que se impongan ayuden a restablecer los daños causados”, dijo.
Al iniciar la jornada, la presidenta de la sección, la magistrada Ana Manuela Ochoa hizo un reconocimiento al dolor y resiliencia de las víctimas. “Sabemos que el dolor que ustedes han padecido es demasiado grande, incluso para nombrarlo, sabemos que ustedes no han descansado ni descansarán hasta que las historias de sus seres queridos sean contadas. Hoy también queremos honrar su fuerza, su valentía, su incansable rectitud y resistencia. Sabemos que gracias a esa fuerza, y a esa decisión de trabajar incansablemente por la memoria y por la justicia será posible restaurar el orden de nuestro país y empezar a sanar”, señaló.