Plantean ante la ONU nuevas recomendaciones sobre derechos de las personas con discapacidad
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se reunió con la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Heba Hagrass, de visita oficial en Bogotá, con el propósito de examinar el cumplimiento de los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), un instrumento internacional para la protección y garantía de los derechos de esta población.
Durante la reunión, la Defensoría del Pueblo presentó un conjunto de recomendaciones fundamentales para ser incluidas en el informe final de la Relatora. Estas recomendaciones están orientadas a consolidar la autonomía y participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida nacional:
Eliminar las barreras que limitan la participación en los procesos electorales, mediante ajustes razonables y garantías efectivas para el voto accesible, así como promover la participación política de las personas con discapacidad.
Divulgar masivamente la Ley 1996 de 2019 y superar los obstáculos institucionales y sociales que frenan su implementación efectiva, instando a gobernaciones y personerías a asumir plenamente sus obligaciones legales.
Formar y capacitar sistemáticamente a operadores judiciales, personal médico, docentes y funcionarios públicos en general, desde un enfoque de capacidades, diferencial y de género.
Adoptar medidas afirmativas para fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad, especialmente mujeres y personas con discapacidad psicosocial e intelectual.
Diseñar e implementar programas de rehabilitación integral para personas con discapacidad víctimas del conflicto armado, con apoyos psicosociales, acceso a la justicia y reparación transformadora.
Reconocer la protesta social como expresión legítima de ciudadanía y atender prioritariamente los casos de violencia policial que han provocado situaciones de discapacidad, como lesiones oculares, en concordancia con informes de la ONU, la CIDH y la propia Defensoría del Pueblo.
Consolidar sistemas de rehabilitación física que sean accesibles, descentralizados y sostenibles, a través de sistemas de rehabilitación que sean accesibles, descentralizados y sostenibles.
La Defensoría resaltó, en particular, la importancia de la aplicación efectiva de la Ley 1996 de 2019, una normativa que marca un antes y un después en el reconocimiento de la autonomía de las personas con discapacidad en Colombia. Esta ley es un hito porque no solo abolió la figura de la interdicción judicial, sino que también estableció un sistema de apoyos para la toma de decisiones. Esto significa que ahora, todas las personas con discapacidad tienen garantizado el derecho a ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de su vida.
La implementación de esta ley ha mostrado resultados significativos. Durante el 2024, la Defensoría del Pueblo llevó a cabo 3.094 valoraciones de apoyo, registrando la mayor incidencia en las macroregiones Andes-Oriente y Pacífico-Antioquia-Eje Cafetero. El impulso continúa este año: en el primer semestre de 2025, ya se han contabilizado 1.362 valoraciones en 26 regionales. Estos datos confirman el impacto positivo de la Ley 1996 de 2019 en la vida diaria de las personas con discapacidad, evidenciando la necesidad de asegurar que se brinden garantías efectivas para el pleno ejercicio de su autonomía.
La visita oficial de la Relatora, que contempla diálogos con autoridades, organizaciones sociales y personas con discapacidad, busca recopilar información directa sobre los avances y desafíos en la garantía de los derechos de esta población. Finalizará con la presentación de recomendaciones al Estado colombiano.
La Defensoría del Pueblo acompaña este proceso como institución nacional de derechos humanos, ofreciendo un balance sustantivo sobre la situación actual. Aunque Colombia ha avanzado desde la ratificación de la CDPD en 2011 con la adopción de un marco normativo, el cumplimiento de estas normas sigue siendo parcial y desigual, especialmente en el ámbito territorial. Persisten brechas significativas en áreas como educación, empleo, acceso a la justicia, participación política y vida independiente.
Colombia se encuentra ante una oportunidad histórica para reafirmar su compromiso con la inclusión, la equidad y la dignidad de las personas con discapacidad. La Defensoría del Pueblo reitera su disposición de colaborar en este propósito, convencida de que la visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas será fundamental para consolidar una hoja de ruta basada en los derechos humanos, que se traduzca en transformaciones concretas y significativas para millones de colombianos y colombianas. Con RSF