Disidencias de las Farc secuestraron a 9 contratistas de la Gobernación del Cauca
Nueve contratistas –siete mujeres y dos hombres– de la Gobernación del Cauca, fueron secuestrados por integrantes de las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de López de Micay, en la costa pacífica del departamento caucano cuando instalaban unos equipos tecnológicos, entre ellos inhibidores de señal para evitar el uso de drones y bloquear la señal de telefonía móvil y WiFi.
Los secuestrados fueron identificados como Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana,
Fuentes militares indicaaron que el secuestro habría sido ordenado por Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias Marlon, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta mil millones de pesos.
El múltiple plagio se produjo este miércoles 17 de julio hacia las 4:00 de la tarde, según lo confirmó la estructura Jaime Martínez del grupo ilegal armado en un comunicado, en el cual «justifica» la acción tras acusar al gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, de usar recursos públicos para apoyar las acciones militares en su contra.
“Ahora coloca a sus funcionarios como claros participantes de las hostilidades, al ser quienes proveen e instalan equipos al Ejército Nacional”, reseña el panfleto.
En el escrito las disidencias de las Farc afirman que respetarán la vida e integridad de los contratistas “siempre y cuando no se desarrollen operaciones militares” en la zona donde están retenidos y anuncia que decidirá su libertad una vez evalúe la información contenida en los equipos decomisados.
El gobernador del Cauca Octavio Guzmán, al condenar el secuestro, señaló que se produjo mientras adelantaban una misión humanitaria.
«No estaban en operaciones militares ni representaban amenaza alguna: llevaban oferta institucional a comunidades en condición de vulnerabilidad», precisó.
«Desde el Cauca exigimos su liberación inmediata. La institucionalidad no puede ser confundida con la guerra, ni los servidores públicos convertidos en rehenes».
Igualmente hizo «un llamado al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, y a la comunidad internacional para rodear esta exigencia humanitaria. La paz se construye con respeto a la vida».
En el comunicado, el mandatario departamental hace las siguientes precisiones:
«La Gobernación del Cauca rechaza de manera categórica el secuestro de siete mujeres y dos hambres, contratistas de nuestra entidad, quienes se encontraban en el municipio de López de Micay cumpliendo una misión humanitaria y social, acercando la oferta institucional a las comunidades más apartadas del departamento.
Este equipo de trabajo, en articulación con las Juntas de Acción Comunal (JAC), tenia Como propósito promover el diálogo territorial, fortalecer la participación ciudadana y facilitar el acceso a programas sociales del Estado, en un ejercicio legitimo de servicio público, lejos de cualquier interés o acción militar, como erróneamente lo afirman los grupos armados en su comunicado.
Desde la Gobernación del Cauca hacemos un llamado urgente a la liberación inmediata de estas personas, quienes cumplían funciones estrictamente civiles y sociales, en el marco del ejercicio legitimo del servicio público.
Hacemos un llamado urgente al respeto del Derecho Internacional Humanitario, a los principios fundamentales de neutralidad y protección al personal civil. y solicitamos el acompañamiento inmediato de los organismos de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la comunidad internacional.
Invitamos al Gobierno Nacional, a los organismos internacionales y a la sociedad colombiana a respaldar esta solicitud humanitaria, que busca proteger la vida y la integridad de los funcionarios y contratistas retenidos Reiteramos que la institucionalidad debe ser respetada y protegida como garante de derechos y canal para la construcción de paz en el
territorio.
Confiamos en que el camino hacia la paz se siga construyendo con acciones que pongan en el centro la vida, la dignidad y los derechos de todas las personas.
La institucionalidad no es un enemigo, es una herramienta al servicio de la gente. Con RSF