Red de corrupción y despojo violento de tierras en Tubará, Atlántico
Al parecer en el Departamento del Atlántico se está gestando y tomando fuerza una compleja red de corrupción que podría involucrar a funcionarios judiciales, miembros de la Fuerza Pública, inspectores de policía y notarios, que han generado una serie de despojos violentos de tierras en el departamento, en especial en el municipio de Tubará.
Según denuncias públicas realizadas por ciudadanos afectados e incluso por la magistrada Martha Victoria Acosta Walteros, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, el Atlántico se ha convertido en el “Walt Disney de las decisiones judiciales”, en referencia al uso distorsionado y fantasioso del aparato judicial para justificar despojos violentos.
Estás denuncias revisten importante relevancia, dado que recientemente la Fiscalía General de la Nación capturó a varios funcionarios en casos similares, incluyendo a abogados, calificadores de registros, notarios y directivos de oficinas públicas en Soledad, Barranquilla y Santo Tomás. Las investigaciones están en curso bajo la dirección de las fiscales Diana Alejandra Álvarez Dueñas, Liesel Flórez Mora y Sergio Garzón Rico, de la Dirección Especializada Contra la Corrupción.
Las víctimas exigen que se investigue a fondo este caso, se emitan las órdenes de captura correspondientes y se proteja a los legítimos propietarios, trabajadores y denunciantes que hoy temen por su vida.
Un caso reciente ha encendido aún más las alarmas en estos casos de despojos de tierras, tal como lo han denunciado las sociedades Carbomar Ltda. e Inversiones Rodríguez Fuentes Ltda., actuales propietarias del predio rural conocido como “La Arena Cucambita”.
La situación, que ha sido calificada como alarmante, involucra una demanda de pertenencia sobre uno de los tres globos de tierra que conforman dicho predio, presuntamente promovida mediante pruebas falsas y apoyada por decisiones judiciales cuestionables, teniendo en cuenta que a pesar de los elementos de prueba que se han aportado por parte de los afectados de estos grupos irregulares, que demuestran no solamente los derechos de propiedad de los bienes sino las presuntas irregularidades, el proceso sigue adelante al parecer sin observar siquiera sumariamente los argumentos y pruebas que desvirtúan las pertenencias que se demandan.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la opinión pública, advirtiendo sobre una aparente estructura criminal que opera de manera irregular en instancias judiciales y gubernamentales, llegando al punto de utilizar la fuerza e intimidación para el logro de sus objetivos criminales.
En mayo de 2025, las sociedades propietarias del predio recibieron una notificación de una demanda de pertenencia presentada ante el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Colombia por parte de un ciudadano identificado como Gabriel Alfonso Espinosa Greyff, representado legalmente por el abogado Lizardo Dautt García. El objeto de la demanda era la adquisición por prescripción del Globo No. 3 de “La Arena Cucambita”.
Sin embargo, la situación tomó un giro insólito cuando el abogado del demandante presentó un peritaje clave firmado por el señor Jesús María Castañeda Naranjo, auxiliar de la justicia. El informe tenía fecha de marzo de 2025, pero se constató que el perito había fallecido el 25 de mayo de 2024, casi un año antes de la supuesta visita técnica al predio.
Este hecho, que compromete la legalidad del proceso, ha sido señalado por los denunciantes como prueba irrefutable de lo que podría constituirse como un fraude procesal y una maniobra para despojar ilegalmente a los legítimos propietarios.
INVASIÓN VIOLENTA Y OMISIÓN DE AUTORIDADES
El 28 de junio de 2025, más de 25 hombres fuertemente armados ingresaron de manera violenta al predio. Según relatan los vigilantes y el administrador de “La Arena Cucambita”, estos sujetos, entre ellos el propio demandante y su abogado, descargaron materiales de construcción e instalaron una casucha improvisada para simular posesión antigua del terreno.
Ese mismo día, el administrador Gabriel Fontalvo Barragán denunció ante las autoridades estos hechos delictuales, dentro de los que se destaca el hurto de arma de fuego, lesiones personales e invasión de tierras, registrados bajo el radicado SPOA 080016001055-2025-03660.
Los atacantes, según los testimonios, amenazaron de muerte a los trabajadores, golpearon a uno de ellos y robaron una escopeta legal, todo ante la inacción de la Policía Nacional, que fue alertada pero no actuó.
Este hecho llama poderosamente la atención y enciende las alertas respectivas de las autoridades judiciales, quienes en el marco de las investigaciones que se han aperturado, deberán dar cuenta de las acciones y omisiones de las autoridades en este caso, tal como se indica en relación con la inactividad de la Policía de Playa Mendoza y Tubará, que pese a haber sido informadas con antelación y en el momento de los hechos, pues no solo se abstuvieron de actuar, sino que permitieron que los invasores permanecieran en el predio y construyeran la vivienda con la que pretendían justificar una falsa ocupación de diez años.
Cabe recordar que el Globo No. 3 de “La Arena Cucambita” fue objeto de entrega real y material en enero de 2021 por orden del Juzgado Promiscuo Municipal de Tubará, en presencia de la Inspección de Policía de Playa Mendoza, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Según los denunciantes, esta entrega previa anula cualquier argumento de posesión continua por parte de los nuevos demandantes.
Este caso no es aislado, tal como se mencionó anteriormente, pues ya son varias las denuncias que se han puesto en conocimiento de las autoridades, sin embargo, no deja de preocupar que casos como el expuesto, sigan teniendo el desarrollo que ha tenido a la fecha. Es momento de que las cabezas de las entidades judiciales y entes de control del más alto nivel, den una mirada al Atlántico e intervengan de manera prioritaria para evitar que se sigan presentando casos como estos y el derecho a la propiedad privada se siga violentando por parte de grupos delincuenciales ya detectados.