La población desplazada por la violencia supera los 11.5 millones de personas: Defensoría
En el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas y Desplazadas, que se conmemora cada 20 de junio, la Defensoría del Pueblo afirmó que en Colombia más de 11.5 millones de personas se han visto forzados a abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia, de acuerdo con la Acnur. De este total, el 89% son víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado interno, según la Unidad para las Víctimas, UARIV (2025).
La Defensoría del Pueblo indicó que se sumó a esta conmemoración bajo el lema “Voces amigas por las personas refugiadas y desplazadas”, reiterando su compromiso con la protección y el acompañamiento a quienes han sido forzadas a huir, así como con la necesidad de soluciones efectivas y la protección integral de sus derechos.
De acuerdo con la OCED, Colombia es el segundo país con mayores solicitantes de refugio en el mundo, luego de Venezuela. También es l quinto país a nivel mundial con mayor número de personas forzadas a desplazarse internamente, luego de Sudán, Siria, Afganistán y Ucrania, según la ACNUR.
La fecha, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el respaldo de ACNUR en el año 2000, busca visibilizar el drama del desplazamiento forzado y el refugio, así como reconocer la resiliencia de quienes reconstruyen sus vidas tras huir de la guerra, la persecución, la violencia o los efectos del cambio climático.
Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984, se considera refugiado a quien no puede regresar a su país de origen por fundados temores de persecución. Para América Latina, esta definición se extiende a quienes han huido por amenazas generalizadas, conflicto armado interno, violaciones masivas de derechos humanos o alteraciones graves del orden público.
En el contexto colombiano, las leyes 387 de 1997, 1448 de 2011, 2421 de 2024 y la Sentencia T-123 de 2024 reconocen como personas desplazadas a quienes han migrado forzosamente dentro del territorio nacional debido a amenazas contra su vida, seguridad o libertad, derivadas del conflicto armado, la violencia generalizada o factores ambientales.
La IV Encuesta Nacional de Verificación de Goce Efectivo de Derechos de la Población Desplazada por el Conflicto Armado en Colombia, realizada por CODHES (2024), evidenció que el 76.1% de los hogares de personas desplazadas se encuentran en situación de pobreza, contrastando con el 45.9% del promedio nacional. Esta cifra se eleva al 80.6% en hogares con jefatura femenina, y al 68.1% en hogares con jefatura masculina.
Esta situación refleja una exclusión estructural y obstáculos significativos para el ejercicio de derechos fundamentales. La población enfrenta además prácticas discriminatorias, xenofobia y estigmatización que dificultan su integración local y el acceso a servicios básicos.
En 2024, Colombia recibió 9.168 solicitudes de refugio, con el 65% presentadas por mujeres. Las nacionalidades más frecuentes fueron Venezuela (8.667), Cuba (317), Ecuador (104) y Perú (20), de acuerdo con cifras oficiales del Estado colombiano.
Un llamado a soluciones duraderas
A pesar de las adversidades, las personas refugiadas y desplazadas no solo luchan por sobrevivir, sino que también contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de las comunidades que las acogen, reconstruyendo sus vidas desde el desarraigo.
Este 20 de junio, la Defensoría del Pueblo reitera su llamado a todos los actores institucionales, sociales y comunitarios para avanzar hacia soluciones reales y sostenibles. Para ello es indispensable:
Prevenir nuevos desplazamientos por conflicto, violencia o factores ambientales, con un enfoque integral, territorial y de derechos humanos.
Garantizar la atención y reparación integral para las personas desplazadas y refugiadas, con énfasis en poblaciones vulnerables como mujeres, niñeces, personas mayores, personas LGBTIQ+, indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Fortalecer la integración local, combatiendo toda forma de discriminación y generando condiciones de acogida dignas y sostenibles.
Reducir las condiciones estructurales de exclusión mediante la acción del Estado, garantizando acceso a vivienda, empleo, educación, salud y justicia.
La Defensoría del Pueblo, como garante de derechos y acompañante en el camino de las víctimas, reafirma su compromiso con las personas desplazadas y refugiadas. Hoy, más que nunca, Colombia necesita ser una voz amiga para quienes han sido forzados a huir. Con RSF