El Cesar y Valledupar piden apoyo al presidente Gustavo Petro para proyectos restaurativos
La Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar elevaron una solicitud formal al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, al Ministerio de Hacienda, al DAPRE y al Fondo Colombia en Paz, para garantizar la financiación de proyectos restaurativos en el marco de las primeras sanciones propias que impondrá la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Caso 03 – Subcaso Costa Caribe.
Esta petición se inscribe dentro de los compromisos con el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en 2016, el cual establece como prioridad “impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en las regiones afectadas por los efectos del conflicto armado interno”.
En la carta enviada al Gobierno Nacional, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, y el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, subrayan que: “Ante la inminencia de las primeras sentencias de la JEP, que incluyen sanciones propias impuestas a miembros de la antigua guerrilla de las FARC y a integrantes de la fuerza pública, resulta ineludible consolidar una apuesta conjunta que garantice y apoye la materialización de dichas decisiones judiciales.”
Tres proyectos restaurativos clave para el Cesar
La solicitud al presidente Petro incluye el respaldo financiero para la ejecución de tres iniciativas con profundo sentido restaurador y territorial: Centro de Armonización ‘Mildred Montero’, orientado al buen vivir de las familias del pueblo indígena Kankuamo.
Mausoleo de la memoria, en honor a las 4.146 víctimas de desaparición forzada en el Cesar, como acto simbólico y colectivo de reparación.
Casas Multipropósito: Sanando memorias, reconstruyendo vidas, espacios comunitarios que promueven el encuentro, la reconciliación y la atención integral.
Estos proyectos han sido reconocidos por la JEP dentro del componente restaurador de las sanciones propias y se ajustan con las siete líneas definidas por la jurisdicción para contribuir a la reparación simbólica, la reconstrucción del tejido social y la superación de las causas estructurales del conflicto armado.