Responde Benedetti ante señalamientos por decreto de consulta popular
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció en redes sociales sobre los cuestionamientos dirigidos al Gobierno nacional por la firma del decreto que convoca a una consulta popular.
A través de su cuenta en X, anteriormente conocida como Twitter, manifestó: “Somos respetuosos del Estado Social de Derecho. Estamos dispuestos a responder y a poner la cara ante las Cortes”.
Con esa declaración, el funcionario respondió a las advertencias de distintos sectores que han señalado una posible falta disciplinaria o penal en la expedición del documento.
En las últimas horas, algunos opositores aseguraron que firmar el decreto podría constituir una conducta prevaricadora, razón por la cual ya se han anunciado acciones legales en instancias judiciales.
El decreto en cuestión fue firmado por el presidente Gustavo Petro y busca convocar una consulta popular para el 7 de agosto, fecha en la que se le consultaría a la ciudadanía sobre temas relacionados con derechos laborales y salud.
Esta convocatoria se produce luego de que el Senado negara una proposición similar a mediados de mayo, lo que ha desatado un debate jurídico y político.
Según el texto oficial, si el Congreso aprueba una reforma laboral que contenga las mismas disposiciones contempladas en la consulta, el decreto será retirado.
De esta forma, la convocatoria funcionaría como una herramienta complementaria a la actividad legislativa. Así lo explicó el Gobierno al señalar que la iniciativa mantiene abierta la posibilidad de acudir a la voluntad popular solo si no se logra consenso en el Congreso.
Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la medida no busca imponer una agenda política por fuera del orden institucional. En ese sentido, el propio Benedetti aclaró que el propósito es abrir un canal de conversación con el Senado. “Cuando eso se hace con un decreto, lo que se está mandando es un mensaje de diálogo al Senado de la República”, expresó.
Frente a las posibles implicaciones legales por haber firmado el documento, el ministro del Interior aseguró que no evade la responsabilidad que pueda derivarse de sus actos.
“Siempre la he puesto, toda mi vida. Desde que soy congresista siempre he estado poniendo la cara y no hay ningún problema en ponerla”, señaló. Además, explicó que quienes presenten demandas están en su derecho y que el Gobierno está dispuesto a comparecer ante los órganos judiciales correspondientes.
La decisión del Ejecutivo se basa en la interpretación del artículo 4 de la Constitución, el cual establece la supremacía de la Carta Magna frente a cualquier otra norma. En la argumentación del Gobierno, durante la votación en el Senado que negó la propuesta de consulta popular, se habrían presentado vicios constitucionales. Entre estos, se mencionan supuestas irregularidades en la votación, ausencia de lectura de la proposición y errores en el trámite de apelaciones.
Dado ese escenario, desde el Ejecutivo se sostiene que la decisión del Senado sería jurídicamente inexistente y, por tanto, el presidente tendría la facultad de proceder con la expedición del decreto. No obstante, distintos sectores jurídicos y políticos han manifestado preocupación por lo que consideran una extralimitación de funciones por parte del jefe de Estado.
Algunas voces del ámbito judicial y legislativo han advertido que la Corte Constitucional será clave para determinar la legalidad del acto administrativo. Paralelamente, el Consejo de Estado podría recibir demandas para evaluar si el decreto se ajusta al ordenamiento jurídico vigente. Estas cortes tendrán la responsabilidad de definir si hubo o no irregularidades en la firma del documento.
En el Congreso continúa en trámite una nueva versión de la reforma laboral que recoge varios puntos propuestos en la consulta. El Gobierno ha manifestado que si el Legislativo aprueba esta reforma de forma satisfactoria, la convocatoria será anulada automáticamente. En ese sentido, el ministro Benedetti reiteró que no se trata de una sustitución del proceso legislativo, sino de una medida de respaldo.
Por otro lado, sectores de oposición han reiterado que el Ejecutivo no tiene competencia para convocar una consulta sin el consentimiento del Congreso. Algunos partidos han advertido que recurrirán a las cortes para frenar lo que consideran una vulneración del equilibrio de poderes. Con Infobae