Por ordenanza la Asamblea Departamental aprobó política de inclusión social
Con respaldo unánime, la Asamblea Departamental del Cesar aprobó la Ordenanza 301, que establece la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social 2025 – 2035, una iniciativa transformadora en la garantía de derechos para más de 40.800 cesarenses en condición de discapacidad. Este logro, fruto del liderazgo de la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila, consolida su administración como un gobierno que trasciende las promesas y construye desde la acción colectiva.
La política pública es resultado de un amplio proceso participativo, que involucró directamente a las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, a lo largo del departamento. Esta ordenanza está estructurada en cinco ejes estratégicos, 26 líneas programáticas y 112 acciones afirmativas meticulosamente entrelazadas, para garantizar que cada persona con discapacidad en el Cesar sea reconocida en su dignidad plena.
Principalmente, este documento reconoce a las personas en condición de discapacidad como sujetos de derecho y asume la discapacidad como una condición humana que merece atención integral.
En un momento emblemático durante el segundo debate de socialización y aprobación, la gobernadora Elvia Milena Sanjuan afirmó: «Abrimos el oído a escuchar a las comunidades. Concertamos con las comunidades y el día de hoy este gobierno, junto a la Asamblea Departamental, celebra con nuestras comunidades. Bienvenida sea la Ordenanza 301 en el Cesar, para nosotros es una ruta de trabajo, compromiso, amor, afecto y mucha responsabilidad con esta población».
Reconocimiento a los cuidadores
Un avance significativo en esta actualización de la política pública es la inclusión específica de los cuidadores, quienes desempeñan una labor fundamental y constante. La nueva normativa contempla acciones para garantizar flexibilidad laboral para quienes dedican su vida al cuidado de personas con discapacidad.
De esta manera la Ordenanza 301 revoluciona el paradigma de atención a la discapacidad en el departamento, al reconocer por primera vez la figura esencial del cuidador. Para ellos, la política contempla un universo de posibilidades y oportunidades reales que les permitirán equilibrar su misión de cuidado con su desarrollo personal y profesional.
Para Yaelis Córdoba, cuidadora de Valledupar, esta aprobación representa un alivio: “Estoy contenta porque al fin después de tantos sacrificios se haya aprobado esta política, porque no es fácil para los cuidadores, yo cuido a mi mamá que tiene una discapacidad múltiple y veníamos luchando para se aprobara”.
La materialización de esta política pública cuenta con un respaldo presupuestal de más de 10 mil millones de pesos, recursos que transformarán la atención y se convertirán en acciones tangibles que impactarán directamente la calidad de vida de miles de familias cesarenses. Este compromiso financiero refleja la determinación inquebrantable del Gobierno del Cesar por construir un territorio donde la inclusión social sea una realidad.