Preocupación por desaparición de expersonera, líder campesino e ingeniero agrónomo en Tamalameque
La desaparición de tres personas en el municipio de Tamalameque, Cesar, ha desatado gran preocupación en la región. La expersonera, Yennis Vannesa Salazar Zabaleta, el líder campesino Andrés Urieta, y el ingeniero agrónomo Antonio Ardila Gordillo, fueron reportados como desaparecidos desde el pasado viernes 21 de febrero. Sus paraderos continúan siendo desconocidos, lo que ha generado una crisis de seguridad en la zona.
Ante la gravedad de la situación, la Alcaldía de Tamalameque convocó un consejo de seguridad extraordinario en el que participaron la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El objetivo principal de la reunión fue establecer estrategias que permitan encontrar a las tres personas y garantizar su regreso sano y salvo a sus hogares.
La personera municipal, Claribeth Robles García, informó que en su despacho existe una denuncia de amenazas en contra de Yennis Vannesa Salazar Zabaleta. Según Robles, la expersonera recibió un mensaje de amenaza a través de WhatsApp el 26 de febrero de 2024. Esta situación llevó a que el Ministerio Público activara la ruta de acompañamiento y solicitara protección ante la Unidad Nacional de Protección, lo cual se encuentra en proceso.
«En el consejo de seguridad se abordó el tema de manera rigurosa para establecer medidas que permitan que estas tres personas aparezcan en el menor tiempo posible y que su integridad sea salvaguardada. No tenemos información sobre amenazas recientes a la expersonera, solo las de 2024, que no deja de ser preocupante, al igual que la desaparición de las otras dos personas. Todos tienen su arraigo en Tamalameque», afirmó la personera.
En medio de esta crisis, los expersoneros del departamento del Cesar emitieron un comunicado en el que expresaron su rechazo por el secuestro y pidieron al Estado colombiano esclarecer los hechos. En su mensaje, manifestaron su preocupación por la grave situación de seguridad que atraviesa el departamento y calificaron el secuestro como una violación a los derechos humanos y una forma de terrorismo que perpetúa el conflicto interno en Colombia.
«Este acto es una violación clara de uno de los derechos humanos más elementales: la libertad. El secuestro es una vil forma de terrorismo que alimenta el conflicto interno en Colombia. Nos preocupa la falta de interés de las autoridades departamentales y municipales», señalaron los exfuncionarios en su comunicado.
El caso del secuestro múltiple se destapó cuando el vehículo en el que viajaban las víctimas fue encontrado incinerado entre los corregimientos de La Vega y Saloa, en jurisdicción del municipio de Chimichagua. Ante ello, la Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes y la Gobernación del Cesar ofreció una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación de las tres personas desaparecidas y a la captura de los responsables.
El municipio de Tamalameque se encuentra en un estado de alerta, con la comunidad preocupada por el bienestar de los secuestrados, aunque la situación en la población sigue siendo de normalidad, a pesar del clima de incertidumbre. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad de los habitantes de la región.