Ministro de Trabajo se defiende de señalamientos por corrupción

El miércoles 12 de febrero Antonio Sanguino fue designado como nuevo ministro del Trabajo para reemplazar a Gloria Inés Ramírez que el pasado domingo presentó renuncia irrevocable, en medio de la crisis ministerial que hay en el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, luego de que la semana pasada televisara la reunión de su gabinete y además solicitara la dimisión protocolaria de todos sus integrantes.

Pero tan pronto se conoció su nombramiento, en la emisora La W Radio establecieron que el reconocido político del Partido Alianza Verde estaba respondiendo en un proceso penal por un presunto hecho de corrupción cuando fue concejal en Bogotá.

El caso se remonta al 2007, cuando se desempeñaba como cabildante por el partido Polo Democrático y presuntamente ejerció presiones para que un allegado, que era su supuesta cuota política, fuera nombrado como gerente del Hospital de Usme, según recogieron de la investigación de la Fiscalía General de la Nación en el medio radial.

Adicionalmente, indicaron que Sanguino estaría implicado en un supuesto acuerdo para repartirse un dinero, que fue destinado para la construcción del centro asistencial, con un contratista y el entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano, condenado por el entramado de corrupción que se conoció como el ‘carrusel de contratación’ en Bogotá y que se perpetró durante la administración del fallecido alcalde Samuel Moreno Rojas, también encarcelado por esos hechos, destacaron en el medio radial.

Aunque los señalamientos eran de vieja data, en La W Radio conocieron que a Sanguino le imputaron los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho impropio en una audiencia judicial que se realizó en octubre del año pasado, diligencia que fue desconocida hasta que la descubrieron en exclusiva en la mencionada emisora.

Sobre estos señalamientos reaccionó el recién nombrado alto funcionario del Gobierno Petro, que sostuvo, a través de su cuenta oficial en la red social X, que no había sido notificado sobre ese caso en su contra, y que en todo caso eso no era una causal que le impidiera asumir su nuevo cargo en el gabinete del mandatario.

“Hasta este momento no he sido notificado de acusación alguna y de ocurrir de inmediato mi defensa presentará las solicitudes de preclusión y nulidad correspondientes, que proceden en este caso y que no impiden mi ejercicio público [sic]”, trinó.

Recordó en esa publicación que la máxima instancia judicial llevó a cabo indagaciones por esos hechos, pero no encontraron méritos para vincularlo formalmente a un proceso judicial, como tampoco lo hicieron en el ente acusador en los años siguientes.

“En su momento fui investigado por la Corte Suprema de Justicia por hechos ocurridos en 2008, cuando me desempeñaba como concejal de Bogotá, instancia que nunca formuló cargos en mi contra. Tampoco lo hizo ninguna de las anteriores administraciones de la Fiscalía General de la Nación [sic]”, aseguró.

Agregó que dichas acusaciones caducaron, pero que estaban tratando de revivirlas sin una debida justificación, incluso pasando por encima de sus derechos.

“16 años después, cuando además los hechos han prescrito legalmente, mediante maniobras jurídicas evidentemente equivocadas, se pretende forzar una acusación desconociendo principios fundamentales como el debido proceso [sic]”, reiteró.

Finalmente insistió en que no había actuando en contra de la ley y que comparecería si las autoridades judiciales correspondiente lo requerían.

“Reitero mi total inocencia y mi disposición absoluta para atender los requerimientos de las autoridades competentes. Jamás fui relacionado con hechos ilegales del llamado “Cartel de la Contratación”, por el contrario, como es de conocimiento público, fui uno de los denunciantes [sic]”, concluyó en su publicación de X. Con Infobae