“Tenemos una herramienta más para exigir el rescate del río”: Ambientalista
En respuesta a un recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Valledupar contra la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar del 26 de septiembre de 2022, sobre la grave contaminación del río Guatapurí, el Consejo de Estado dictó sentencia por la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano.
La demanda fue formulada en noviembre de 2020 por Gustavo José Cabas Borrego, Luis Antonio Maestre Orozco y Alfonso Luis Martínez Fuentes, quienes argumentaron que las entidades gubernamentales, que incluye el Departamento del Cesar y la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, no han accionado medidas para proteger el medio ambiente.
Por ello, la contaminación del río Guatapurí ha venido degradando el ecosistema acuático y hay un riesgo para la salud pública, tomando en cuenta que los daños se le atribuyen a vertimientos industriales y domésticos, así como a prácticas ilegales como la tala indiscriminada y la pesca ilegal.
El Tribunal Administrativo del Cesar, en primera instancia, había reconocido la existencia de una amenaza a los derechos colectivos al medio ambiente sano y había ordenado medidas correctivas, cuya responsabilidad recaía contra las autoridades locales en la gestión y protección ambiental.
Así las cosas, el Consejo de Estado en su decisión, deja claro que la protección del medio ambiente es una obligación constitucional que debe ser cumplida por las autoridades competentes. Este fallo no solo busca remediar los daños causados al río Guatapurí, sino también establecer un precedente para futuras acciones legales relacionadas con derechos ambientales en Colombia.
Por ello, en el fallo el Consejo de Estado reafirma la responsabilidad del Departamento del Cesar, el Municipio de Valledupar y Corpocesar en la contaminación del río.
De esta manera ordena: La prohibición inmediata de nuevos vertimientos de aguas residuales en el río, la recuperación del cauce y nivel freático del río Guatapurí y la inclusión en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio para garantizar la protección y recuperación del ecosistema acuático.
Destaca la necesidad urgente de implementar políticas públicas efectivas para restaurar el equilibrio ecológico, lo que incluye un enfoque en el tratamiento adecuado de aguas residuales y la educación ambiental. De igual manera, deja claro que la degradación ambiental es un problema sistémico que requiere una acción coordinada entre diferentes niveles de gobierno y la participación activa de las comunidades afectadas.
Luis Antonio Maestre, ambientalista de Valledupar, recibió con beneplácito la decisión y asegura que la máxima autoridad judicial dio la razón a lo que se ha venido denunciando desde hace muchos años atrás.
“El Consejo de Estado ordena garantizar el equilibrio ecológico y a que se proteja y restaure todas las áreas degradadas del río Guatapurí, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cesar”, explicó.
En este plan de restauración el río se deben recuperar todas sus rondas hídricas, recordando que están identificados siete puntos críticos como afectación directa al río Guatapurí a su paso por el casco urbano de la ciudad de Valledupar.
“Hoy estamos celebrando que tenemos una herramienta más, para exigir a los cuatro entes condenados a protegernos y a disfrutar de un ambiente sano en Valledupar”, enfatizó.