Alcalde de Pueblo Bello apeló fallo que anula su elección
Por doble militancia durante la campaña política, el Tribunal Administrativo del Cesar, declaró en primera instancia, la nulidad electoral del alcalde del municipio de Pueblo Bello, Alfredo Bohórquez Gallardo.
El demandante fue Jorge Emiro Landazabal Sequeda, ex candidato en las elecciones regionales. Señala que Alfredo Bohórquez estaba afiliado al Partido Conservador Colombiano, y se inscribió como aspirante a la Alcaldía de Pueblo Bello por una coalición de los partidos Conservador y Cambio Radical.
La providencia establece lo siguiente: “Se alega que tanto el partido Conservador como Cambio Radical inscribieron listas al Concejo Municipal de Pueblo Bello, resaltándose como candidata inscrita en el último de ellos la señora Adriana Funkey Delgado Izquierdo, quien recibió apoyo y acompañamiento público del candidato a la alcaldía Alfredo Bohórquez Gallardo, declarado por éste en sus redes sociales el día 25 de septiembre de 2023 cuando se encontraba en plena campaña electoral”.
Asimismo, reitera que “se aduce que Bohórquez Gallardo concentró parte del esfuerzo publicitario de su campaña en fotografiarse con la precitada candidata al concejo, resaltó su número en la lista y el logo del partido Cambio Radical, marchó públicamente con ella por las calles de Pueblo Bello el día 14 de octubre de 2023, acompañado de seguidores pertenecientes al partido Conservador, lo cual se convirtió en una invitación a votar por aquella”.
El Tribunal con ponencia de la magistrada María Luz Álvarez Araújo, resolvió que si se configuró una doble militancia, “Establecida en el inciso segundo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, por incurrir en la prohibición que tiene aquel que aspira a ser elegido en cargos o corporaciones de elección popular, de apoyar a candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados.”
En tal sentido, declaró la nulidad en la elección del alcalde Alfredo Bohórquez Gallardo, y como consecuencia ordenan cancelar la credencial, decisión que fue apelada por la defensa del mandatario para que se el Consejo de Estado que tenga la última palabra en segunda instancia.