Evo Morales dice que existe un “pacto de impunidad” en Bolivia para liberar a Áñez
El exmandatario boliviano y líder del oficialista Movimiento al Socialismno (MAS), Evo Morales (2006-2019), alertó este sábado sobre un “pacto de impunidad” entre el Gobierno de Luis Arce y la Justicia para liberar a la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), detenida por la crisis de 2019.
“Advertimos al pueblo boliviano y especialmente a las familias de las víctimas de la Masacre de Senkata y Sacaba que la Justicia bajo las órdenes del Gobierno está preparando la liberación de Jeanine Añez y sus cómplices”, escribió el exgobernante en la red social X (antes Twitter).
Morales dijo que ese acuerdo busca también favorecer al ex jefe de Estado Carlos Mesa (2003-2005), quien es líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza de oposición en el Parlamento.
“Este pacto de la impunidad también se ejecuta en la Asamblea Legislativa para proteger al historiador golpista Carlos Mesa a cambio de los votos para las presidencias de las cámaras y comisiones”, agregó en su publicación.
El lunes pasado, un tribunal de sentencia de la jurisdicción de El Alto, ciudad vecina de La Paz, se declaró “incompetente” para administrar el juicio por la vía ordinaria del caso Senkata, por el que se acusa a Áñez de genocidio y se pide la máxima condena de 30 años.
La semana pasada, el fiscal general, Juan Lanchipa, presentó la acusación formal contra Añez por las muertes en Sacaba (10), en Cochabamba, y Senkata (10), en jurisdicción de El Alto, durante los enfrentamientos entre civiles y las fuerzas de seguridad, en 2019.
La Fiscalía General inicialmente remitió la proposición acusatoria por los casos de Sacaba y de Senkata al Parlamento boliviano en agosto de 2021, para que se siga un juicio de responsabilidades contra Áñez como exmandataria, algo que ella siempre ha reclamado.
Sin embargo, dos tribunales ordinarios en El Alto y Cochabamba se declararon competentes para administrar esos procesos a principios de este año.
Áñez está detenida desde marzo de 2021 y fue sentenciada el año pasado a 10 años de prisión por situarse ilegalmente en línea de sucesión constitucional, luego de la renuncia de Morales a la Presidencia y otras autoridades en 2019.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
Asimismo, en el oficialismo se mantiene la división entre los bloques de Morales y Arce, evistas y arcistas, una pugna que comenzó a fines de 2021.
Esa tensión se intensificó esta semana cuando el Tribunal Supremo Electoral anuló el congreso del MAS que reeligió a Morales como líder de ese partido y lo proclamó como candidato “único” de ese partido para las presidenciales de 2025.
Mientras que en la víspera nuevamente un arcista asumió la presidencia de la Cámara de Diputados y el Senado rechazó la reelección del evista Andrónico Rodríguez como presidente por cuarta vez. Con EFE