Procuraduría denuncia que sigue el abandono de migrantes en el Darién
La Procuradora, Margarita Cabello, hizo un nuevo llamado de atención al Gobierno Nacional por no atender las alerta sobre la crítica situación de los migrantes en el Tapón del Darién, en la frontera con Panamá, en donde persiste la trata de personas y la actuación de bandas criminales por la ausencia total del Estado colombiano.
La funcionaria fue enfática en señalar que las alertas hechas por el órgano de control cuatro meses atrás con respecto a esta situación no han sido acatadas y tampoco se observan “avances en las acciones, planes y programas que se deben brindar para esta población en el marco de la política integral migratoria”.
En rueda de prensa, Cabello Blanco también reiteró sus críticas a la Cancillería de la que dijo que no ha logrado ningún avance para mitigar la difícil situación por la que atraviesa esta población y que ni siquiera ha cumplido con la puesta en funcionamiento de un centro de atención al migrante en Necoclí.
La Procuradora recalcó que trascurridos 7 meses del nuevo Gobierno, el desamparo de los migrantes sigue a su suerte pues ni siquiera se ha instalado una oficina de Migración Colombia “y la presencia institucional del ICBF, de la Policía Nacional, entre otras entidades necesarias para ordenar y hacer segura esta migración, sigue sin fortalecerse”.
La jefa del ente de control también anunció la apertura de investigación contra algunos servidores públicos que internvienron en un proceso de desalojo y traslado al municipio de Acandí (Antioquia) de por lo menos 200 personas, incluidos menores, y en el que no se tomaron las normativas del caso.
Por último, la Procuradora volvió a prender las alertas en torno al fenómeno de la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes que se sigue presentando en esta zona del noroccidente del país “sin que las autoridades nacionales y territoriales adopten acciones para su prevención y para su judicialización, atentando contra el Principio de Progresividad, ya que es obligación del Estado garantizar la continuidad en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos”. Con RSF