Violencia electoral en Colombia deja ya 64 víctimas, entre ellas 11 asesinadas

A cuatro meses de iniciado el calendario electoral para la elección de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de juntas administradores locales, se han registrado 41 hechos de violencia política, con saldo de 64 víctimas, entre ellos 11 asesinados, según el monitoreo adelantado por la Fundación Paz & Reconciliación, Pares.

Según el informe, en el periodo electoral evaluado entre el 29 de octubre de 2022 y el 28 de febrero de este 2023, excluyendo los hechos perpetrados contra líderes y lideresas sociales, se presentó, día de por medio, una víctima de violencia electoral en Colombia.

Durante el periodo de tiempo analizado, se registraron 64 víctimas de violencia electoral en 41 hechos asociados.

De este total, once fueron asesinadas; diez sufrieron un atentado y 43 fueron amenazadas.

En comparación con la violencia electoral sufrida en años anteriores, el número de víctimas de la violencia política permanece en una víctima día por medio, desde el año 2019, subraya el reporte.

Pares señala que aunque todos los hechos de violencia política tienen graves consecuencias en la calidad de la democracia local, llama la atención sobre los siguientes:

– El atentado contra la congresista Aida Quilcué el 29 de octubre de 2022, que se suma a múltiples amenazas que ha recibido en el pasado en su contra.

– El asesinato del periodista, denunciante de corrupción, Wilder Alfredo Córdoba, en noviembre de 2022. El hecho ocurrió en La Unión, Nariño.

– Dos asesinatos en la misma semana de miembros del Pacto Histórico en Magangué, Bolívar. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2022.

– Los explosivos hallados cerca de la antigua vivienda de la vicepresidenta Francia Márquez, días antes de una visita que realizaría allí, en Suárez, Cauca.lamaron especialmente la atención:

– El atentado contra la congresista Aida Quilcué el 29 de octubre de 2022, que se suma a múltiples amenazas que ha recibido en el pasado en su contra.

– El asesinato del periodista, denunciante de corrupción, Wilder Alfredo Córdoba, en noviembre de 2022. El hecho ocurrió en La Unión, Nariño.

– Dos asesinatos en la misma semana de miembros del Pacto Histórico en Magangué, Bolívar. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2022.

– Los explosivos hallados cerca de la antigua vivienda de la vicepresidenta Francia Márquez, días antes de una visita que realizaría allí, en Suárez, Cauca.

De acuerdo con el informe de Pares, se incrementaron los homicidios de miembros del Pacto Histórico y también del partido Comunes en territorios donde la competencia de actores armados es muy alta. Sin embargo, uno de los homicidios ocurre en Risaralda, justamente en contra de uno de los líderes reconocidos del Pacto. Otro caso que se suman es el del atentado a la mayora y senadora Aida Quilcué, que coincide con la alta victimización de liderazgos políticos y sociales de los departamentos de Cauca y Nariño.

Una situación similar de amenazas la vive la vicepresidenta Francia Márquez.

El desconocimiento a hoy de los perpetradores en casi un 60% de los casos muestra que la impunidad sigue siendo la constante en relación a la violencia política y específicamente a la violencia político electoral. Al día de hoy los departamentos del sur del país y Arauca necesitan atención inmediata para garantizar la legitimidad de las elecciones que a hoy están en alto riesgo por la presencia e influencia violenta de distintos actores armados.

Pares explica que la violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral.

Añade que en Colombia, ésta se ata no sólo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas. Tradicionalmente, la violencia se ha utilizado y se utiliza como un mecanismo más de competencia electoral. Para el caso de los comicios locales y departamentales existen sofisticados mecanismos de corrupción que incluso incluyen diversas alianzas con todo tipo de grupos armados organizados.

Es así como desde 2014, la Fundación Paz & Reconciliación ha estudiado y documentado diferentes estructuras políticas herederas de las alianzas con paramilitares entre el 2003 y el 2007, así como su influencia posterior en hechos de corrupción asociados al ‘Cartel de la Toga’, al escándalo de Odebrecht y a la existencia de clanes políticos, quienes canalizan todas las formas de corrupción para mover millonarias maquinarias clientelares en las regiones y en el país.

En comparación con el período electoral equivalente inmediatamente anterior (28 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022), el número total de hechos de violencia política disminuyó de 64 a 41. No obstante, el número de homicidios pasó de 6 a 11, y el de los atentados de 0 a 10. Es decir, mientras en el período 2021-2022 los eventos violentos que representaban un daño directo a la vida y la integridad de la persona representaron el 9% de la totalidad de hechos de violencia, en el período 2022-2023 este porcentaje es del 51%. Menos hechos, mayor daño y letalidad.

En comparación con la violencia electoral sufrida en años anteriores, el número de víctimas de la violencia política permanece en una víctima día por medio, desde el año 2019. Con RSF