Procuraduría alertó a las autoridades por el aumento de cultivos ilícitos en Norte de Santander
La Procuraduría General de la Nación organizó, en la tarde de ayer 26 de octubre, el Espacio Regional para la Promoción de los Derechos de líderes y lideresas sociales, durante esta jornada se abordó, especialmente, la situación que presenta la región del Catatumbo. Pues, conforme a las explicaciones de la procuradora, Margarita Cabello, esta es la segunda zona del país con mayor área cultivada de hoja de coca.
Frente a esta situación, la jefe del Ministerio Público elevó un llamado a las autoridades competentes para que atiendan la alerta que reportó el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), con respecto al aumento significativo y a la concentración de cultivos ilícitos que se presenta en el Norte de Santander, zona del país fronteriza con Venezuela.
“Según el último informe de SIMCI de las Naciones Unidas, que se hace en colaboración con el Ministerio de justicia, la región del Catatumbo es la segunda zona del país con mayor área cultivada de hoja de coca”, sostuvo la procuradora.
Esta situación, se estaría dando por la ubicación estratégica que ofrece el Catatumbo para sacar el alcaloide del país, a través de la frontera con Venezuela.
“Su situación geográfica diagnóstico, en zonas de frontera con Venezuela, ha resultado atractiva para varios grupos armados ilegales, quienes se disputan el control, no solo de las rutas del narcotráfico, sino también el control social”, precisó Margarita Cabello Blanco.
La subregión del Catatumbo, ubicada al suroccidente del Norte de Santander, está compuesta por los municipios de Sardinata, Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Ocaña, Teorama, San Calixto y Tibú. En estas cabeceras municipales y en sus zonas rurales se estaría concentrando la operación central de los grupos ilegales dedicados al narcotráfico.
Sin embargo, cabe resaltar lo explicado por la Procuraduría General de la Nación, pues esta es una situación que se estaría presentando como producto de la ausencia del Estado, lugares en los que se ha dificultado recuperar la presencia y control en los territorios por parte de las autoridades estatales.
En este sentido, los grupos armados aprovechan esta debilidad estatal para ejercer labores delictivas. Pero, además de las actividades ilegales, la jefe del Ministerio Público, denunció que el actuar de estas organizaciones criminales genera en la comunidad civil; inseguridad, incertidumbre y la siembra de más cultivos ilícitos.
“La concentración de cultivos trae consigo un aumento en diferentes variables. Por ejemplo, incrementan las minas antipersonales, municiones sin explosionar y los artefactos explosivos improvisados; aumenta la probabilidad de violación de derechos humanos por, entre otras cosas, el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales; y, evidentemente, se termina promoviendo la corrupción y la violencia”, indicó la procuradora.
Frente a este difícil panorama que afecta a los pobladores, la entidad solicitó a las autoridades competentes acatar las alertas que han sido emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), de la Defensoría del Pueblo. Pues, la procuradora Margarita Cabello, señaló que, en lo corrido del año, se han emitido 19 alertas tempranas, en situaciones donde se ha comprobado la vulneración de los derechos de las comunidades.
“Los riesgos contra estas comunidades aumentan, como lo ha registrado el SAT en más de 19 oportunidades. Entre los principales se encuentran los confinamientos, las extorsiones, las amenazas, los constreñimientos y las estigmatizaciones provenientes de todos los actores del conflicto. En general, encontramos grandes limitaciones para que la población en riesgo tenga acceso a rutas de protección”, afirmó la procuradora.
La jefe del Ministerio Público concluyo su intervención para asegurar que, desde la entidad, se va a verificar el cumplimiento, por parte de las autoridades, de las rutas establecidas por la ley, en aras de preservar el bienestar de la comunidad. Con Infobae