Supertransporte impuso multa de $1.722 millones a plataformas Didi, Beat y Cabify
Por utilizar vehículos que no están habilitados para el servicio de transporte de pasajeros, la Superintendencia de Transporte sancionó con multas que en conjunto suman 1 mil 722 millones de pesos a las plataformas Didi, Beat y Cabify. Además anunció que está en curso una investigación contra Uber.
El jefe del organismo de control, Wilmer Salazar, afirmó que la medida se adoptó por el incumplimiento de las normas del sector de transporte, ya que los vehículos particulares no están habilitados para realizar actividades de servicio de transporte público.
Y se basó en múltiples denuncias de ciudadanos por el uso de herramientas, portales de contacto o plataformas tecnológicas para la prestación del servicio de transporte, según ellos ilegal, las cuales fueron radicadas en la entidad entre el 2019 y 2020.
En declaraciones a la W, el funcionario concretó que cada una de las plataformas deberá pagar 574 millones de pesos y además notificó que Didi, Beat y Cabify deben hacer ajustes en su funcionamiento, con figuras contractuales válidas distintas al contrato de transporte público, como puede ser el contrato de arrendamiento con conductor.
“Pese a que en las plataformas nos dicen que se trata de la prestación de un servicio privado acompañado de un contrato electrónico de arrendamiento de vehículo, en la práctica y en la operación es un servicio de transporte público no habilitado, es decir, ilegal», advirtió.
Por ello, puntualizó, «las compañías deben verificar que los servicios que están facilitando se cumplan acorde a la normatividad. Tienen una de dos: o facilitan servicios con prestadores que cumplan con la normatividad o se aseguran que los contratos de arrendamiento de vehículo, que es la figura que están utilizando, efectivamente se dé en la operación».
Explicó que la aplicación vincula a transporte legalmente constituido, es legal. «Lo ilegal es facilitar la prestación no autorizada con vehículos particulares», complementó.
En cuanto a Uber, el superintendencia afirmó que avanza ya una investigación en su contra.
Recordó que Uber recibió una multa entre 2015 o 2016 y tras ello, la empresa suspendió sus servicios en Colombia, pero volvieron con una renovación contractual.
Añadió que los responsables de Uber, también alegan que prestan servicios en la que integran la oferta y demanda a
través de un contrato de arrendamiento de vehículo y de un servicio privado de transporte.
“Cada investigación administrativa es individual. Uno puede decir que es prácticamente lo mismo (que el modelo de Cabify, Beat y Didi), pero la Superintendencia debe atender cada asunto en particular”, afirmó Salazar.
Advirtió que “no se puede preconcebir un sistema con unos jugadores que antes no estaban y que ahora sí están y lo hacen de una manera irregular. Estamos protegiendo al usuario con esta clase de decisión”, puntualizó el superintendente. Con RSF