En el municipio de Urrao, suroccidente del departamento, fue asesinado un joven de 23 años de edad identificado como Juan Andrés Córdoba Mosquera. Este nuevo hecho de violencia en contra de la población en proceso de reincorporación en Antioquia, se presentó en las últimas horas.

La víctima era integrante del Nuevo Punto de Reagrupamiento (NAR) de firmantes de la paz pertenecientes al ahora partido Comunes, en el corregimiento de Mandé donde desarrollaba un proyecto productivo de manera individual. También había hecho parte de la población reincorporada que llegó hasta el antiguo Espacio de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Vidrí, en el municipio de Vigía del Fuerte, Urabá antioqueño.

Según Pedro Baracutao, representante a la Cámara por el partido Comunes, los hechos ocurrieron a altas horas de la noche del viernes 8 de julio cuando Córdoba Mosquera ingresaba a su vivienda en el barrio 20 de Julio, zona urbana del municipio, y fue atacado por hombres armados.

«Le pedimos al gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar la vida de las personas que firmamos el acuerdo de paz. No firmamos un acuerdo para que nos asesinaran, sino porque estamos convencidos de que es una oportunidad para lograr paz en el país», manifestó el congresista.

A través de su cuenta en Twitter, Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes también envió un mensaje de condolencia y solidaridad a los familiares y amigos de esta nueva persona asesinada. «Con profundo dolor e indignación denuncio un nuevo asesinato de un firmante de paz en proceso de reincorporación«, trinó Londoño.

De acuerdo con los registros de la Corporación Nacional de Reincorporación Comunes, Córdoba Mosquera se convierte en el firmante de la paz número 335 asesinado luego de la firma del acuerdo en 2016. De estos, 254 casos se han presentado durante los últimos cuatro años en el gobierno de Iván Duque.

Indepaz destacó que a través de la Alerta Temprana 027/19 la Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre las disputas territoriales que existen entre estas organizaciones en los municipios de Urrao y Frontino por el control de rutas internacionales para el tráfico de drogas y armas y en donde la población en reincorporación es vulnerable a múltiples violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.