Piden nombramiento de Registrador ad-hoc para elecciones presidenciales
Una Alianza para la Veeduría Electoral, integrada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el Extituto de Política Abierta y el Instituto Anticorrupción, anunció una tutela contra el Registrador Nacional Alexander Vega por las irregularidades presentadas en las elecciones legislativas del 13 de marzo y a la vez pidió la designación de un Registrador ad-hoc para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.
«Faltan dos elecciones y creemos que enviar mensajes de alerta sirve para que traten de subsanar las irregularidades que se han cometido», precisaron sus voceros.
La tutela contiene las pruebas recolectadas sobre las irregularidades con el fin de que un juez de la República le ordene a los órganos de control iniciar un proceso de investigación contra Vega, explicaron los dirigentes de la alianza en rueda de prensa .
«Establecimos una queja disciplinaria para que investiguen a Vega por la caída del software de la inscripción de cédulas, por extralimitación de funciones, y por la solicitud de reconteo que tampoco es de sus funciones y que es ilegal», precisó Esteban Salazar, de Pares.
«Esperamos que haya una mínima operación de parte de la procuradora Margarita Cabello», advirtió, pues subrayo que desde la Alianza para la Veeduría Electoral se han elevado «una decena de derechos de petición que han sido contestados por los órganos de control que no se harán procesos de investigación»
«En la tutela donde recabamos todas las pruebas para instaurar vía judicial para que los órganos de control operen eficientemente», agregó, «para pedir garantías electorales y que los organismos de control operen en el país».
«Si llega un registrador ad-hoc tendrá que hacer un trabajo muy serio para darle confianza a todos en los procesos de escrutinio y conteos», señaló a su turno, Nicolás Diaz, director de Extituto de Política.
«Hemos identificado irregularidades en la selección de jurados, la inscripción de cédulas y extralimitaciones del Registrador Alexander Vega», dijo y añadió:
«Hay evidencias de que hay asuntos que no funcionan o que funcionan mal en la Registraduría. No ha habido sanciones para quienes están detrás de las irregularidades».
«En 23,000 de las 112.000 mesas instaladas en el país el mismo registrador reconoció que hubo irregularidades, en el diseño y relleno de los E-14 y en la selección y capacitación de jurados», complementó Díaz
«Esta es una historia advertida, ya la habíamos sacado a la luz los problemas que venían gestándose desde enero, la página caída una semana antes de elecciones y el mismo 13 de marzo», puntualizó.
Por su parte, León Valencia, de Pares, señaló que «hubo muchas más brechas para el acceso al derecho al voto, esto es extremadamente grave. Muchas personas no quedaron inscritas ni pudieron votar».
«800.000 cédulas se quedaron por fuera. Para digitalizar se gastaron $80.000 millones y lo que produjo eso fue una irregularidad enorme», afirmó.
«Posteriormente a las elecciones lo que se ha ido descubriendo es que el registrador tiene una actitud de absoluta irresponsabilidad», anotó Valencia.
Advirtió que «el registrador pidió un reconteo que no tenía ninguna base jurídica. Hay una inseguridad jurídica enorme y nadie le cobra eso al registrador».
«Faltan dos elecciones y creemos que enviar mensajes de alerta sirve para que traten de subsanar las irregularidades que se han cometido», precisó.
Nicolás Diaz complementó que «el proceso de digitalización le ha creado muchos costos al Estado, estos megacontratos se siguen dando a privados sin respaldo para que los ciudadanos puedan acceder al voto».
Además sustentó que «hay evidencias de que hay asuntos que no funcionan o que funcionan mal en la Registraduría. No ha habido sanciones para quienes están detrás de las irregularidades».
Esteban Salazar también destacó que «una investigación de Cuestión Pública y el Instituto Anticorrupción muestra una posible relación familiar entre el registrador Vega y la directora administrativa de la Registraduría, Dily Maestre». Con RSF