Solo una obra avanza en 50% y la pista para BMX no ha sido adjudicada para los Bolivarianos
La Procuraduría General de la Nación alertó a las entidades que organizan los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, para que adelanten las actuaciones necesarias que garanticen la culminación y entrega de los escenarios donde se llevará a cabo este evento deportivo, previsto para el próximo 24 de junio.
Tras un reciente recorrido por las obras en ejecución, el Ministerio Público encontró posibles inconsistencias en la gestión administrativa y contractual para la adecuación y construcción de la infraestructura requerida para la realización de estas justas deportivas, pues advirtió bajos porcentajes de avance en un importante número de contratos.
Ante esta situación, el ente de control instó a la directora general de la Organización de los Juegos Bolivarianos, al gobernador del Cesar, al alcalde de Valledupar y al director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, a adelantar un estricto seguimiento a los cronogramas de ejecución.
Asimismo, solicitó remitir información sobre la programación de obra, avances y subcontratos de actividades críticas para identificar con mayor certeza las problemáticas que podrían generar retrasos en la entrega de los espacios para la práctica de deportes.
Teniendo en cuenta el tiempo que resta para iniciar los juegos, el Ministerio Público puntualizó que del total de obras visitadas solo hay una que contempla tres escenarios con un porcentaje de avance superior al 50 %, y el contrato de la pista para BMX no ha sido adjudicado.
De igual manera, encontró que la mayoría de los plazos de los contratos en ejecución superan la fecha de inicio de los Juegos Bolivarianos, por lo que su entrega anticipada depende exclusivamente de la voluntad de los contratistas.
Finalmente, la Procuraduría recordó que esta actuación preventiva no implica coadministración, prejuzgamiento o injerencia en las decisiones administrativas, técnicas, jurídicas o de cualquier otra índole para las entidades, ni para los particulares que ejercen funciones públicas o administren recursos públicos.