Gobierno rechazó llamado de atención de la JEP en relación con la seguridad de los excombatientes

El primer funcionario del Gobierno nacional en pronunciarse respecto a la solicitud de la JEP para investigar las fallas en la protección de 35 excombatientes asesinados, fue el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila.

A través de un video, Archila expresó que: “Es triste que en su comunicado sobre seguridad de excombatientes, la JEP no resalte lo positivo. Todos estamos unidos en contra de los enemigos de los excombatientes. El 75% de los homicidios es cometido por disidencias, ELN y Clan del Golfo. Es frente a ellos que tenemos que unirnos todos”, dijo Archila.
“Es triste que en su comunicado sobre seguridad de excombatientes, la JEP no resalte lo positivo. Todos estamos unidos en contra de los enemigos de los excombatientes. El 75% de los homicidios es cometido por disidencias, ELN y Clan del Golfo. Es frente a ellos que tenemos que unirnos todos”, dijo Archila.

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Estas palabra del consejero se deben a que la JEP comunicó que, “tras conocer las circunstancias y algunos de los patrones que rodearon el asesinato de 35 firmantes del Acuerdo de Paz, que habían solicitado ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) se pidió activar la ruta de protección, para que se investiguen las posibles fallas cometidas que pueden estar afectando el mandato constitucional de ofrecer garantías de seguridad a esta población”.

Los magistrados de la JEP también solicitaron a la UNP que implemente una metodología de análisis de casos, basada en los patrones de victimización de los excombatientes.

Los investigadores de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la jurisdicción especial, concluyeron que, ”de los 35 casos examinados, transcurrieron 10 meses en promedio, entre la presentación de la solicitud de protección y el asesinato del compareciente”.

Además, la mayoría de los casos quedaron en la etapa de análisis de riesgos. Hay casos, por ejemplo, que fueron calificados como de riesgo “ordinario” y los homicidios fueron consumados.

En el video publicado en la cuenta de Twitter de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Archila también dijo que, “en el comunicado no se resaltó que tuve la oportunidad de demostrar que la mesa técnica ha funcionado con absoluta dedicación y como un relojito. Nunca hemos dilatado de ninguna manera ningún caso y hemos actuado con celeridad en todas las peticiones que nos han hecho acorde a las recomendaciones de quienes saben de riesgos.”

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Por su parte, la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo, había resaltado que: “Nueve de los asesinados contaban con medidas blandas, 2 con esquema de seguridad compuesto por hombres de protección y 11 se encontraban en estudio de nivel de riesgo”,

Según la UIA, hay al menos cinco fallas claras a la hora de presentar la seguridad a este grupo poblacional:

1) En la remisión efectiva de las solicitudes de protección que presentan diferentes instituciones del Estado a la Subdirección Especializada de la UNP.

2) Por omisión o ausencia de implementación de las medidas de protección que se adoptan tiempo después de ordenarse.

3) De articulación y comunicación entre el equipo de analistas de la Subdirección Especializada y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección.

4) En la evaluación del nivel de riesgo en el que se categorizó.

5) En la respuesta oportuna a las solicitudes de protección presentadas.

Uno de los casos que expuso la UIA es el de Edwin Herney Barrios Parra, que fue asesinado el 8 de junio de 2021 y la resolución que confería las medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección fue adoptada el 1 de septiembre del mismo año. Es decir, tres meses después de su asesinato. Con Infobae